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Ciudad

Dictan una nueva Ley de Acceso a la Información Pública

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Legislatura porteña

Modifica integralmente la norma de 1998 para facilitar la participación de todos los ciudadanos y aprovechar los nuevos medios y el avance tecnológico.

«Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no será necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la petición», sostiene una ley sancionada por la Legislatura porteña.

Se trata de la norma que reemplaza y actualiza el texto sancionado en 1998 (Ley 104), conocido como Ley de Acceso a la Información Pública. La reforma se elaboró en base a proyectos del diputado Maximiliano Ferraro (CC), del bloque Suma + y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Al respecto emitió dictamen la Comisión de Asuntos Constitucionales y este jueves en sesión ordinaria se aprobó un texto consensuado con 54 votos positivos y 3 abstenciones de los diputados de izquierda.

En el debate hablaron los legisladores José Luis Acevedo (PRO), como miembro informante, quien resaltó la «transparencia política» que significa esta ley como «idea revolucionaria y cambio de paradigma»; Natalia Fidel y Marcelo Guouman (Suma+), Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto (CC), Carlos Tomada (FpV), Fernando Vilardo (PTS), Hernán Arce (PS), Graciela Ocaña (CP) y Francisco Quintana. Todos ponderaron en sus discursos la labor de la diputada Cecilia De la Torre (PRO), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ausente por un problema de salud.

Se argumentó para modificar la ley que «los avances tecnológicos en materia de comunicación han modificado la forma en que las personas interactúan con el Estado. Los canales para acceder a ésta a través de medios masivos, redes sociales, plataformas online, telefonía móvil, entre otros, han generado un cambio cultural en donde el acceso a la información se vuelve instantáneo, generándose así un vínculo de cercanía cada vez mayor entre el Estado y las personas».

«En una democracia moderna, el Estado tiene la obligación no sólo de rendir cuentas sobre su actuar, sino también de abrirse a la sociedad, facilitando la participación ciudadana en procesos de auditoría o de toma de decisiones», abundan los fundamentos.

Por eso, el nuevo texto legal toma en cuenta «el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad actual y adapta el ordenamiento legal logrando una convivencia armoniosa entre la realidad y el marco normativo».

Para las modificaciones introducidas a la ley 104 el Ejecutivo de la Ciudad implementó un proceso abierto y participativo, llamado «Dialogando BA», junto con funcionarios, legisladores, representantes del poder judicial, académicos, sociedad civil, estudiantes y representantes de poderes ejecutivos de diversas jurisdicciones donde se discutieron los elementos que una ley de acceso a la información debe contener,.

Alcances, excepciones y detalles de la norma

El derecho de acceso a la información pública «implicará la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y redistribuir información bajo custodia de los sujetos obligados, con las únicas limitaciones y excepciones que establece la presente ley».

– Este derecho se interpretará conforme a las constituciones de la Nación y de la Ciudad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre DDHH y los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por la Argentina.

«Para la interpretación de esta ley se aplicarán los siguientes principios: de máxima premura, presunción de publicidad y accesibilidad; informalismo, no discriminación, eficiencia, completitud, disociación, transparencia, formatos abiertos, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor, buena fe y gratuidad».

– Están obligados a brindar información pública todos los órganos pertenecientes a la administración central, descentralizada, entes autárquicos u organismos; Poder Legislativo; Poder Judicial; Comunas, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, Procuración General, Defensoría del Pueblo, Sindicatura General, Auditoría y el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos.

También deben informare las «entidades públicas no estatales en todo aquello que estuviese regulado por derecho público, y en lo que se refiere a la información producida o relacionada con fondos públicos»; organizaciones empresariales, sindicatos, partidos políticos, institutos educativos «y cualquier otra entidad a las que se les haya otorgado subsidios o aportes del Gobierno de la Ciudad, en lo que se refiera únicamente a la información producida total o parcialmente relacionada con los fondos públicos recibidos».

– Otros obligados a informar son instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo de la Ciudad; fideicomisos constituidos total o parcialmente con recursos o bienes de la Ciudad; empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas tengan participación de la Ciudad en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

Lo mismo se aplica para «concesionarios, permisionarios, licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o modalidad contractual».

Alcances: «Deberá proveerse la información contenida en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato, incluyendo bases de datos, acuerdos, directivas, reportes, estudios, oficios, proyectos de ley, disposiciones, resoluciones, providencias, expedientes, informes, actas, circulares, contratos, convenios, estadísticas, instructivos, dictámenes, boletines o cualquier otra información registrada en cualquier fecha, forma y soporte; que haya sido creada u obtenida por el órgano requerido, y que se encuentre en su posesión y bajo su control».

Entrega de la información: «La información debe ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud. En el caso de no poseer la información requerida, el órgano consultado tiene la obligación de informar los motivos por los cuales no la posee».

– Los funcionarios están exceptuados de dar información cuando afecte la intimidad de las personas o se trate de datos sensibles en concordancia con la Ley de Protección de Datos Personales; cuando sea información protegida por la legislación vigente en materia de derechos de autor, propiedad intelectual, secreto profesional, secreto industrial o comercial que pudieren afectar el nivel de competitividad o lesionar intereses del sujeto obligado.

Otra excepción es la «información cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial en la cual el sujeto obligado sea parte, o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación» o cuando «se trate de información de terceros que la administración hubiera obtenido en carácter confidencial».

También se exime se dar información cuando «ocasionar de manera verosímil un riesgo a la seguridad pública» o cuando «estuviere vedada por compromisos internacionales asumidos por la Ciudad».

«Las excepciones no serán aplicables cuando la información se refiera a graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad».

– Las ley crea una «autoridad de aplicación» en cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para el cumplimiento de sus preceptos. A la vez se crea en cada poder un «Órgano Garante de Acceso a la Información» y una «Comisión de Acceso a la Información Pública», para la cooperación técnica y la concertación de políticas de transparencia.

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Repudio a las amenazas a la cooperativa «Sur Capitalino»

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El pasado jueves 25 de enero, la redacción de la cooperativa «Sur Capitalino» se vio afectada por una amenaza anónima que apuntaba directamente a su trayectoria de 34 años en el periodismo, constituyendo un claro ataque a la libertad de expresión. El mensaje, enviado al celular de los trabajadores, rezaba: “Che! Sur capitalino, ojo chikxs, me parece q no llegan a los 34 años de periodismo, ojo! VILLARRUEL».

Este acto intimidatorio surgió en respuesta a la reciente publicación de una nota que documentaba la organización y movilización de los residentes de La Boca ante medidas implementadas por el gobierno nacional. La cooperativa, comprometida con el periodismo popular, ha mantenido su labor informativa sobre la realidad social, política y cultural de los barrios del sur de la Ciudad durante más de tres décadas.

Con firmeza, «Sur Capitalino» presentó una denuncia ante la Unidad de Intervención Temprana del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, buscando que el Poder Judicial esclarezca y señale a los responsables de estas amenazas.

En un comunicado, la cooperativa reitera su compromiso de no dejarse silenciar y persistir en su labor periodística. Destacan que este tipo de amenazas y hostigamientos no son incidentes aislados, señalando el aumento de la violencia política en las redes sociales. Además, resaltan la conexión entre la agresión virtual y acciones físicas, como atentados a sitios de memoria y espacios de organización social, sugiriendo que estas acciones están siendo facilitadas e instigadas desde las esferas gubernamentales.

La inclusión de «VILLARRUEL» en la firma del SMS se interpreta como una obvia alusión a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, evocando tiempos de persecución y eliminación de trabajadores y periodistas en la historia del país.

«Sur Capitalino» insta a no normalizar estas amenazas, subrayando que, a 40 años de democracia, es fundamental preservar la libertad de expresión y el derecho a la información. La cooperativa reafirma su compromiso con el periodismo independiente y la defensa de los valores democráticos en la sociedad.

La Asociación de Medios Vecinales repudia éste hecho

La Asociación Civil de Medios Vecinales (AcMV) expresa su más enérgico repudio ante la amenaza recibida por Sur Capitalino el pasado 25 de enero. 

La comisión directiva y los socios, nos solidarizamos y condenamos cualquier forma de intimidación o violencia contra la libertad de prensa y expresión.

La función vital de los medios de comunicación locales en la promoción de la verdad y la transparencia es esencial para el bienestar de nuestras comunidades. Instamos a las autoridades a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de Sur Capitalino y sus periodistas, así como para investigar y llevar ante la justicia a los responsables de esta amenaza.

En estos momentos, es crucial unirnos en defensa de la libertad de prensa y mantenernos firmes contra cualquier intento de coartar la labor periodística. La ACMV se compromete a apoyar a Sur Capitalino y a todas las organizaciones que enfrenten amenazas similares.

Quedamos a disposición para colaborar en cualquier iniciativa que promueva un entorno seguro y libre para los medios de comunicación en nuestra sociedad.

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Vecinos de CABA pueden obtener subsidios por el último temporal

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El pasado 17 de diciembre, un violento temporal azotó la Ciudad de Buenos Aires, causando estragos en propiedades y vehículos de los habitantes. Ante esta situación, el Gobierno porteño anunció un subsidio para asistir a los afectados, una ayuda económica vital para paliar los perjuicios sufridos.

Los vecinos que hayan sufrido daños en sus inmuebles o automóviles podrán acceder a esta asistencia económica. Los montos van hasta $2.5 millones para reparaciones en viviendas y hasta $1.5 millones para vehículos. Este subsidio, establecido por la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, se asignará considerando la magnitud de los daños y la situación económica del solicitante.

El proceso para solicitar este subsidio es sencillo pero crucial para obtener la ayuda necesaria:

  • Registro en miBA: Accede a la plataforma miBA y asegúrate de contar con usuario y clave nivel 2 ó 3.
  • Documentación requerida: Presenta foto de ambos lados del DNI, documentación que acredite la titularidad y radicación del bien en la Ciudad de Buenos Aires.
  • Datos bancarios y evidencia del daño: Informa tu número de CBU y adjunta fotografías que evidencian los daños.
  • Requisitos específicos: Para inmuebles, se necesita el título de propiedad original o informe de dominio. En el caso de automóviles, la Cédula Única de Identificación Vehicular y póliza de seguro.

Es importante destacar que no se exige la ausencia de deudas fiscales ni infracciones para acceder a este subsidio, como confirmaron las autoridades porteñas. Además, un mismo damnificado puede recibir subsidios acumulados por daños en inmuebles y vehículos. Sin embargo, no se otorgará el beneficio a distintas personas respecto al mismo bien.

El plazo para solicitar este subsidio finaliza el 18 de enero, y la autoridad correspondiente iniciará la verificación de los daños en un lapso de 15 días hábiles tras la solicitud.

Este episodio no solo nos llama a la solidaridad entre vecinos, sino que también nos recuerda la importancia de cuidar nuestro planeta. Los desastres naturales, en ocasiones, parecen ser una respuesta a la negligencia hacia nuestro entorno. Es fundamental promover acciones que preserven y protejan nuestra ecología, reflexionando sobre la relación entre nuestras acciones y las reacciones de la naturaleza. Cuidar nuestro hogar común es responsabilidad de todos.

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Controversial proyecto de multas en CABA por sacar residuos de los contenedores

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El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha puesto sobre la mesa un controvertido proyecto en la Legislatura porteña, liderado por Clara Muzzio, actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana. Esta iniciativa busca imponer sanciones económicas a aquellos que extraigan residuos de los contenedores dispuestos en la vía pública. Sin embargo, esta propuesta ha generado un fuerte rechazo por parte de las cooperativas de recicladores urbanos, quienes demandan la reconsideración de la medida. Este episodio se suma a una serie de propuestas similares por parte del Gobierno de la Ciudad, lo que plantea interrogantes sobre su enfoque hacia los sectores más vulnerables.

Este proyecto de Ley contempla multas que podrían ascender a montos superiores al millón de pesos. Estas sanciones están dirigidas tanto a cartoneros y recicladores como a cualquier persona que saque alimentos de la basura. La propuesta tiene como objetivo elevar el valor de las multas estipuladas en el actual Régimen de Faltas vigente en la Ciudad de Buenos Aires, que sancionan las infracciones contra el medio ambiente, el espacio público y la higiene urbana. Asimismo, introduce la obligación de llevar a cabo acciones de reparación ambiental.

En este contexto, el Ejecutivo ha incluido incrementos en las penalidades para aquellos habitantes que depositen la basura en los contenedores fuera del horario permitido, es decir, entre las 19 y las 21 horas. Además, se impone una multa a quienes no cumplan con la separación de los desechos domiciliarios en su lugar de origen, con montos que varían entre los 14.446 y los 144.660 pesos.

Esta no es la primera vez que Clara Muzzio genera controversia en torno a políticas relacionadas con el cuidado del espacio público y el medio ambiente. En marzo de este año, la funcionaria redactó una polémica licitación pública que equiparaba a las personas en situación de calle con los residuos, equiparando de esta manera a objetos y personas como elementos «susceptibles de producir contaminación visual» en la Ciudad de Buenos Aires.

Cooperativas de reciclaje: voces en contra de las multas

Durante la reunión de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, se hizo presente una delegación de cooperativas de recicladores que operan en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas Amanecer, Madreselvas y El Álamo, para expresar su rechazo a las cuantiosas sanciones económicas propuestas.

Éstas entidades criticaron la falta de convocatoria por parte del Gobierno de la Ciudad para abordar las soluciones de las personas en situación de calle y los cartoneros independientes. Asimismo, cuestionó la decisión de castigar a aquellos que revisan los contenedores en busca de alimento o materiales reciclables para subsistir, considerando que esto representa un fracaso en la política destinada a resolver los problemas de la población en situación de vulnerabilidad.

Esta no es la primera vez que se adopta una medida que parece impactar de manera desproporcionada en los sectores más vulnerables de la sociedad. Es esencial reflexionar sobre la necesidad de políticas que promuevan la inclusión y el apoyo a aquellos que menos tienen, en lugar de imponer sanciones económicas que pueden agravar su situación.

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Emergencia Urbanística: La Interbarrial BA pide medidas urgentes a Horacio Rodríguez Larreta

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La Interbarrial de Buenos Aires desmiente los dichos de Jorge Macri y reitera el pedido a Horacio Rodríguez Larreta para decretar la suspensión del otorgamiento de Permisos de obra, Demolición y Certificados urbanísticos para detener el deterioro irreversible de los barrios de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.

Ante las declaraciones del candidato a Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, emitidas en el programa “De acá en más” conducido por María O’Donnell en la radio Urbana Play, en las cuales afirma que el oficialismo no promoverá el pedido de los vecinos y vecinas de casi 20 barrios de la Ciudad de Buenos Aires, declarados en Emergencia Urbanística Ambiental, para suspender los permisos de obra detallados hasta tanto la Legislatura porteña promulgue modificaciones al Código Urbanístico, las organizaciones vecinales nucleadas en la Interbarrial BA expresan que:

  • El Poder Ejecutivo incumple desde el año pasado su mandato de revisión del Código Urbanístico sancionado el 6/12/2018 y promulgado el 27/12/2018, que según la misma norma debe realizarse cada cuatro años.
  • A partir de la vigencia del CUR, se autorizaron durante el año 2019 alrededor de 3.000.000 m2 de nuevas construcciones, que alcanzaron los 4.000.000 m2 en 2021 en la Ciudad de Buenos Aires, aumentando durante los años 2022 y lo que va de 2023.
  • El 6/9 presentamos oficialmente una nota formal dirigida al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. La nota que ingresamos personalmente el 6 de septiembre en la Mesa de entradas del Poder Ejecutivo porteño, caratulada como EX-2023-33495457–GCABA-MGEYA.

En ella, solicitamos la suspensión por el término de 180 días a partir de la publicación de un decreto, prorrogables por un término similar, principalmente de los trámites de registro en etapa proyecto, permiso de demolición y de ejecución de obra nueva o ampliación para proyectos que superen la altura de 9 metros e invadan la superficie de terreno detrás de la LFI definida; el otorgamiento de Certificados Urbanísticos y la aceptación de prórrogas a los ya emitidos.

  • La medida solicitada no contraviene ningún derecho adquirido ya que no pedimos actuar sobre lo ya tramitado. Por el contrario, la gestión del presente Código sí contravino los derechos adquiridos de los vecinos al no considerar vinculante su opinión.
  • La suspensión transitoria no necesita ser efectuada por Ley sino que es atribución del Jefe de Gobierno tanto el otorgamiento de permisos y habilitaciones, como su denegación y suspensión de trámite por aplicación del principio de derecho, mediante decretos.

Ya existen antecedentes de la medida solicitada, el más reciente decretado por la actual gestión ante el envío del proyecto del actual Código Urbanístico de parte del PE a la Legislatura:

  • El Decreto 1/2018 de necesidad y urgencia suspendió por 180 días los trámites, para solicitar permisos de obra nueva o ampliación y solicitudes de consulta al CPU ante la Dirección General de Interpretación Urbanística, para construcciones cuya altura supera la máxima permitida en el futuro Código Urbanístico.
  • El Decreto 1929/2006 suspendió por 90 días el trámite, de los permisos de obra nueva o ampliación relacionadas con parcelas, para viviendas multifamiliar o colectivas cuya altura supera la de un distrito de baja densidad en Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo, Villa Pueyrredón y Caballito.

Ya elevamos nuestro reclamo en las múltiples reuniones que venimos teniendo desde el año pasado con legisladores y funcionarios sin respuestas concretas del oficialismo a los proyectos de ley que presentamos y se repitieron en la sesión ordinaria de la Legislatura el jueves 7/9 cuando se rechazó el pedido de tratamiento preferencial que permitiera debatirlos a tiempo.

De esta manera, aún de impulsarse su trámite con los tiempos legislativos que restan, y en caso de que la cámara legislativa y el futuro Gobierno decidiera mantener su promesa, la modificación del CUr no se aprobaría hasta 2024.

De no decretarse la medida extraordinaria, urgente y transitoria que solicitamos el 6/9 para impedir que la futura normativa llegue tarde, el Poder Ejecutivo actual, avalado por sus candidatos de sucesión y socios de coalición, continuará fomentando que se siga hipotecando el presente y el futuro de los vecinos y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires y el deterioro de su calidad de vida.

Extendiendo la construcción desmedida, la desaparición de espacios verdes, superficies absorbentes y sombra, el incremento de temperatura de la ciudad y el aumento del riesgo hídrico, cortes de luz y resintiendo otros servicios públicos y la ocupación del espacio público, además de la demolición de viviendas patrimoniales y la consecuente pérdida de identidades barriales.

Hasta tanto se concrete el cambio que se promete realizar, si es que se efectiviza, seguirá sujeto a los intereses inmobiliarios y las conveniencias electoralistas en desmedro de las y los ciudadanos y el resultado será irreparable.

Por todo lo expuesto, reiteramos que se trata de una decisión y/o voluntad política no tener en cuenta los reclamos de las y los vecinos y no de una imposibilidad legal o técnica tal como esgrime el candidato a Jefe de Gobierno.

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Ciudad

Reabrieron la estación Villa Crespo del tren San Martín

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Una excelente noticia para los vecinos de Villa del Parque y Villa Devoto que se desplazan al centro de la Ciudad. Es que la estación Villa Crespo del ferrocarril San Martín ha reabierto sus puertas después de más de cinco años de cierre. 

Esta parada es de vital importancia y ha sido anunciada por el Ministerio de Transporte de la Nación, que el año pasado retomó las obras de esta estación y de La Paternal tras una paralización por parte del Gobierno porteño en 2019.

El cierre de las estaciones Villa Crespo y La Paternal, originalmente parte del proyecto de viaducto delegado por el Gobierno de Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta, dejó a los usuarios sin acceso directo a sus propios barrios desde 2017. Sin embargo, la espera ha llegado a su fin.

La conexión con la estación Dorrego del subte

Ubicada en una posición estratégica de la Ciudad, la estación Villa Crespo ofrece conexión directa con la estación Dorrego del subte B, permitiendo a los pasajeros llegar al centro porteño, siempre en menor tiempo que con cualquier otro tipo de transporte. 

Una Estafa y una Pandemia

La inauguración de las estaciones Villa Crespo y La Paternal se vio retrasada inicialmente por una estafa y posteriormente por la pandemia. La empresa Green-Rottio, encargada de las obras, dejó de pagar a subcontratistas y trabajadores, llevando a una interrupción total de los trabajos. A pesar de los esfuerzos por completar la construcción para las elecciones, la situación se volvió insostenible, lo que llevó a las autoridades a trasladar las obras al ámbito de la Ciudad al Nacional.

Cinco largos años de espera

En julio del año pasado, se logró la apertura de la estación La Paternal, de la misma línea, después de cinco años de cierre. En el caso de Villa Crespo, los trabajos aún en curso fueron licitados a principios de 2022 y adjudicados a mitad de año. Estos incluyeron la terminación de accesos, escaleras, losas y andenes, así como la instalación de cartelería, sanitarios y equipamiento electrónico.

Los usuarios por ahora pueden ascender y descender de los trenes en el andén central, con servicio en ambos sentidos. La entrada habilitada se encuentra en la Avenida Corrientes, entre Humboldt y Dorrego.

La reapertura de esta estación marca un regreso a la normalidad que se vivía hace cinco años en la zona. Los reclamos por la finalización de los trabajos han sido atendidos, y los trenes vuelven a detenerse en estas estaciones.

El centro de monitoreo Trenes Seguros de La Paternal, ubicado en la esquina de Trelles y Warnes, también fue presentado este martes, fortaleciendo la seguridad en el ámbito ferroviario con cámaras y control de protocolos de seguridad.

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Editor Responsable: Leandro Barattucci - villadelparquein@hotmail.com - Domicilio legal: Llavallol 2984, CABA - Teléfono: 15.6.8561238 - Propiedad Intelectual N°: RE-2022-65913877-APN-DNDA#MJ - Visitas del último mes: 56.231 Integrante de la Asoc. Civil Medios Vecinales - Integrante del Reg. de Medios Vecinales CABA