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Recalculando: la obra para convertir a Libertador en una "calle compartida" cambia por las críticas de los vecinos

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Mientras siguen sumándose voces en contra, las ciclovías en Libertador avanzan, aunque con plan modificado. Ahora de un solo lado del corredor, ya están concluidas en el 69% de la segunda etapa del proyecto, que va desde el Viaducto Mitre hasta la avenida Sarmiento. La tercera fase, hasta la calle San Martín del barrio de Retiro, estará lista para fines de este año.

Hoy la obra de 11 kilómetros se desarrolla a lo largo de los 700 metros que separan las avenidas Olleros y Dorrego, donde se pintan demarcaciones, se corren los semáforos y se construyen paradas de colectivos y canteros en la mano hacia Retiro. Este lunes arrancan los trabajos en el tramo siguiente, entre Dorrego y Sarmiento, con la colocación de bulbos y canteros separadores. Seguirán las tareas de pintura y equipamiento.

La primera fase, entre General Paz y el Viaducto Mitre (a la altura de La Pampa), está habilitada desde mayo. Sin embargo, resta hacer refugios en las paradas entre Roosevelt y Blanco Encalada. También, colocar las barandas o separadores en buena parte de las plataformas ya finalizadas. Esta semana se seguirán incorporando las que restan, indica la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, a cargo del diseño y desarrollo del proyecto bajo el concepto de «calle compartida».

Ese proyecto tuvo que ser revisado y cambiado en algunos tramos debido a que no resultaba funcional y provocaba quejas constantes de los vecinos.

Las barandas de las plataformas son clave para ordenar el tránsito peatonal que usa el transporte público, ya que las ciclovías de este tramo se ubican a ambos lados de la avenida entre la vereda y las dársenas de espera de colectivos. Sin ellas, siguen los cruces indebidos de peatones, que en muchos casos se bajan de la parada fuera de la senda peatonal, sin advertir el riesgo de cruzarse con algún ciclista.

Otro problema con esas paradas es su extensión, que resulta insuficiente en hora pico. Un día hábil por la tarde, cuesta encontrar lugar para esperar el 15 o el 130. Las filas de pasajeros entonces van y vienen, serpentean por la plataforma, un caos con tal de que todos estén parados sobre ella y no en la ciclovía.

Otra estrategia para compensar el efecto de los cambios se ve en cómo estacionan los grandes camiones de proveedores. Las dársenas de detención para ascenso y descenso de pasajeros y para carga y descarga miden menos de seis metros de largo. Espacio insuficiente para un camión como el que reparte gaseosa a la carnicería de Libertador y Monroe, cuyo conductor termina parando en doble fila sobre esta última.

Con todo, las dársenas sí son suficientes para un auto o una camioneta. Pero la mayoría de sus conductores opta por pararse en doble fila unos metros más adelante o atrás, al lado de la ciclovía o sobre ella. Como hace el conductor de una pick-up un mediodía de semana a la altura de Blanco Encalada.

“Muévase, es una ciclovía”, le dice uno de los agentes de amarillo y cian de Tránsito de la Ciudad, a bordo de una moto. El automovilista despeja la senda, que volverá a ocuparse minutos después con un taxi al que se sube una mujer mayor con andador.

Más amparistas

En junio, vecinos presentaron un recurso de amparo para solicitar una cautelar y frenar la obra. Lo hicieron a través de la Fundación Ciudad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. “Este proyecto va contra la Ley 123 de Impacto Ambiental y el Acuerdo de Escazú sobre democracia participativa, ya que es una obra de impacto ambiental con relevante efecto”, señala Jonatan Baldiviezo, presidente del observatorio.

Para el Gobierno de la Ciudad, en cambio, esta obra es “sin efecto relevante”. Baldiviezo insiste en que sí lo tiene porque “es desarrollada por un ente público, a lo largo de 11 kilómetros y con efectos secundarios sobre el tránsito y las operaciones de carga y descarga. Por eso pedimos que se readecúe, teniendo en cuenta lo que dicen los vecinos”.

La causa, que tramita en el Juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo, aún no tiene sentencia de fondo. Pero el juez Víctor Trionfetti ya emitió una resolución en julio que desestima la cautelar pero ordena al Gobierno de la Ciudad que acredite “suficientemente la información brindada y los procedimientos y, en su caso, instancias que hayan garantizado la participación de los vecinos”.

A esa resolución apelaron tanto el Gobierno de la Ciudad como los amparistas. La Cámara de Apelaciones aún no se expidió. Mientras tanto, se abrió un proceso para solicitar participar en la causa como parte querellante, cuyo plazo venció el jueves. Entre quienes pidieron figurar están el Consorcio de Copropietarios de Libertador 7790 (esquina Paroissien) y vecinos que viven al 7050 y al 8520.

Pese a haber apelado, el Gobierno de la Ciudad acató la orden de garantizar instancias de participación, a través de reuniones con vecinos y asociaciones de frentistas. Pero, además, le hizo al proyecto un cambio fundamental para su segunda y su tercera etapa: decidió que hubiera ciclovía bidireccional más ancha de un solo lado -el más cercano al río- entre el Viaducto Mitre y el barrio de Retiro, en lugar de una unidireccional a cada lado de Libertador, como construyó entre General Paz y el viaducto.

Una escuela que demanda

A la causa también pidieron entrar partes afectadas al segundo tramo de obra. Son integrantes de la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 5 del D.E. N° 9 “Honorable Congreso de la Nación”, en Libertador entre Maure y Olleros, y de la del jardín de infantes allí ubicado. Hay otros cuatro establecimientos educativos en ese predio.

En su vereda hubo bicisenda durante años. Ahora que ese paso ciclista se movió a la calle, el Gobierno porteño colocó un cartel que pide que en horario de ingreso y egreso de alumnos se vaya “bici en mano”. Para los padres de alumnos, eso no es suficiente.

“De 8 a 20 hay alumnos bajando de los autos. Los papás paran en doble o triple fila, los chicos tienen que cruzar la ciclovía y los ciclistas no paran”, señala una integrante de esa cooperadora, que prefiere mantener su nombre en reserva.

Cuenta que el Gobierno de la Ciudad mantuvo una reunión con los directivos de la escuela pero “solo fue para informar”. Y reclama: “Queremos que construyan una dársena como hicieron en el Hipódromo o en el restaurante Kansas, pero nos dijeron que no se puede romper la vereda -remarca-. No mandan personal policial para controlar a los ciclistas, pero sí para multar a los padres en doble o triple fila”.

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Repudio a las amenazas a la cooperativa «Sur Capitalino»

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El pasado jueves 25 de enero, la redacción de la cooperativa «Sur Capitalino» se vio afectada por una amenaza anónima que apuntaba directamente a su trayectoria de 34 años en el periodismo, constituyendo un claro ataque a la libertad de expresión. El mensaje, enviado al celular de los trabajadores, rezaba: “Che! Sur capitalino, ojo chikxs, me parece q no llegan a los 34 años de periodismo, ojo! VILLARRUEL».

Este acto intimidatorio surgió en respuesta a la reciente publicación de una nota que documentaba la organización y movilización de los residentes de La Boca ante medidas implementadas por el gobierno nacional. La cooperativa, comprometida con el periodismo popular, ha mantenido su labor informativa sobre la realidad social, política y cultural de los barrios del sur de la Ciudad durante más de tres décadas.

Con firmeza, «Sur Capitalino» presentó una denuncia ante la Unidad de Intervención Temprana del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, buscando que el Poder Judicial esclarezca y señale a los responsables de estas amenazas.

En un comunicado, la cooperativa reitera su compromiso de no dejarse silenciar y persistir en su labor periodística. Destacan que este tipo de amenazas y hostigamientos no son incidentes aislados, señalando el aumento de la violencia política en las redes sociales. Además, resaltan la conexión entre la agresión virtual y acciones físicas, como atentados a sitios de memoria y espacios de organización social, sugiriendo que estas acciones están siendo facilitadas e instigadas desde las esferas gubernamentales.

La inclusión de «VILLARRUEL» en la firma del SMS se interpreta como una obvia alusión a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, evocando tiempos de persecución y eliminación de trabajadores y periodistas en la historia del país.

«Sur Capitalino» insta a no normalizar estas amenazas, subrayando que, a 40 años de democracia, es fundamental preservar la libertad de expresión y el derecho a la información. La cooperativa reafirma su compromiso con el periodismo independiente y la defensa de los valores democráticos en la sociedad.

La Asociación de Medios Vecinales repudia éste hecho

La Asociación Civil de Medios Vecinales (AcMV) expresa su más enérgico repudio ante la amenaza recibida por Sur Capitalino el pasado 25 de enero. 

La comisión directiva y los socios, nos solidarizamos y condenamos cualquier forma de intimidación o violencia contra la libertad de prensa y expresión.

La función vital de los medios de comunicación locales en la promoción de la verdad y la transparencia es esencial para el bienestar de nuestras comunidades. Instamos a las autoridades a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de Sur Capitalino y sus periodistas, así como para investigar y llevar ante la justicia a los responsables de esta amenaza.

En estos momentos, es crucial unirnos en defensa de la libertad de prensa y mantenernos firmes contra cualquier intento de coartar la labor periodística. La ACMV se compromete a apoyar a Sur Capitalino y a todas las organizaciones que enfrenten amenazas similares.

Quedamos a disposición para colaborar en cualquier iniciativa que promueva un entorno seguro y libre para los medios de comunicación en nuestra sociedad.

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Vecinos de CABA pueden obtener subsidios por el último temporal

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El pasado 17 de diciembre, un violento temporal azotó la Ciudad de Buenos Aires, causando estragos en propiedades y vehículos de los habitantes. Ante esta situación, el Gobierno porteño anunció un subsidio para asistir a los afectados, una ayuda económica vital para paliar los perjuicios sufridos.

Los vecinos que hayan sufrido daños en sus inmuebles o automóviles podrán acceder a esta asistencia económica. Los montos van hasta $2.5 millones para reparaciones en viviendas y hasta $1.5 millones para vehículos. Este subsidio, establecido por la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, se asignará considerando la magnitud de los daños y la situación económica del solicitante.

El proceso para solicitar este subsidio es sencillo pero crucial para obtener la ayuda necesaria:

  • Registro en miBA: Accede a la plataforma miBA y asegúrate de contar con usuario y clave nivel 2 ó 3.
  • Documentación requerida: Presenta foto de ambos lados del DNI, documentación que acredite la titularidad y radicación del bien en la Ciudad de Buenos Aires.
  • Datos bancarios y evidencia del daño: Informa tu número de CBU y adjunta fotografías que evidencian los daños.
  • Requisitos específicos: Para inmuebles, se necesita el título de propiedad original o informe de dominio. En el caso de automóviles, la Cédula Única de Identificación Vehicular y póliza de seguro.

Es importante destacar que no se exige la ausencia de deudas fiscales ni infracciones para acceder a este subsidio, como confirmaron las autoridades porteñas. Además, un mismo damnificado puede recibir subsidios acumulados por daños en inmuebles y vehículos. Sin embargo, no se otorgará el beneficio a distintas personas respecto al mismo bien.

El plazo para solicitar este subsidio finaliza el 18 de enero, y la autoridad correspondiente iniciará la verificación de los daños en un lapso de 15 días hábiles tras la solicitud.

Este episodio no solo nos llama a la solidaridad entre vecinos, sino que también nos recuerda la importancia de cuidar nuestro planeta. Los desastres naturales, en ocasiones, parecen ser una respuesta a la negligencia hacia nuestro entorno. Es fundamental promover acciones que preserven y protejan nuestra ecología, reflexionando sobre la relación entre nuestras acciones y las reacciones de la naturaleza. Cuidar nuestro hogar común es responsabilidad de todos.

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Controversial proyecto de multas en CABA por sacar residuos de los contenedores

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El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha puesto sobre la mesa un controvertido proyecto en la Legislatura porteña, liderado por Clara Muzzio, actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana. Esta iniciativa busca imponer sanciones económicas a aquellos que extraigan residuos de los contenedores dispuestos en la vía pública. Sin embargo, esta propuesta ha generado un fuerte rechazo por parte de las cooperativas de recicladores urbanos, quienes demandan la reconsideración de la medida. Este episodio se suma a una serie de propuestas similares por parte del Gobierno de la Ciudad, lo que plantea interrogantes sobre su enfoque hacia los sectores más vulnerables.

Este proyecto de Ley contempla multas que podrían ascender a montos superiores al millón de pesos. Estas sanciones están dirigidas tanto a cartoneros y recicladores como a cualquier persona que saque alimentos de la basura. La propuesta tiene como objetivo elevar el valor de las multas estipuladas en el actual Régimen de Faltas vigente en la Ciudad de Buenos Aires, que sancionan las infracciones contra el medio ambiente, el espacio público y la higiene urbana. Asimismo, introduce la obligación de llevar a cabo acciones de reparación ambiental.

En este contexto, el Ejecutivo ha incluido incrementos en las penalidades para aquellos habitantes que depositen la basura en los contenedores fuera del horario permitido, es decir, entre las 19 y las 21 horas. Además, se impone una multa a quienes no cumplan con la separación de los desechos domiciliarios en su lugar de origen, con montos que varían entre los 14.446 y los 144.660 pesos.

Esta no es la primera vez que Clara Muzzio genera controversia en torno a políticas relacionadas con el cuidado del espacio público y el medio ambiente. En marzo de este año, la funcionaria redactó una polémica licitación pública que equiparaba a las personas en situación de calle con los residuos, equiparando de esta manera a objetos y personas como elementos «susceptibles de producir contaminación visual» en la Ciudad de Buenos Aires.

Cooperativas de reciclaje: voces en contra de las multas

Durante la reunión de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, se hizo presente una delegación de cooperativas de recicladores que operan en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas Amanecer, Madreselvas y El Álamo, para expresar su rechazo a las cuantiosas sanciones económicas propuestas.

Éstas entidades criticaron la falta de convocatoria por parte del Gobierno de la Ciudad para abordar las soluciones de las personas en situación de calle y los cartoneros independientes. Asimismo, cuestionó la decisión de castigar a aquellos que revisan los contenedores en busca de alimento o materiales reciclables para subsistir, considerando que esto representa un fracaso en la política destinada a resolver los problemas de la población en situación de vulnerabilidad.

Esta no es la primera vez que se adopta una medida que parece impactar de manera desproporcionada en los sectores más vulnerables de la sociedad. Es esencial reflexionar sobre la necesidad de políticas que promuevan la inclusión y el apoyo a aquellos que menos tienen, en lugar de imponer sanciones económicas que pueden agravar su situación.

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Emergencia Urbanística: La Interbarrial BA pide medidas urgentes a Horacio Rodríguez Larreta

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La Interbarrial de Buenos Aires desmiente los dichos de Jorge Macri y reitera el pedido a Horacio Rodríguez Larreta para decretar la suspensión del otorgamiento de Permisos de obra, Demolición y Certificados urbanísticos para detener el deterioro irreversible de los barrios de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.

Ante las declaraciones del candidato a Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, emitidas en el programa “De acá en más” conducido por María O’Donnell en la radio Urbana Play, en las cuales afirma que el oficialismo no promoverá el pedido de los vecinos y vecinas de casi 20 barrios de la Ciudad de Buenos Aires, declarados en Emergencia Urbanística Ambiental, para suspender los permisos de obra detallados hasta tanto la Legislatura porteña promulgue modificaciones al Código Urbanístico, las organizaciones vecinales nucleadas en la Interbarrial BA expresan que:

  • El Poder Ejecutivo incumple desde el año pasado su mandato de revisión del Código Urbanístico sancionado el 6/12/2018 y promulgado el 27/12/2018, que según la misma norma debe realizarse cada cuatro años.
  • A partir de la vigencia del CUR, se autorizaron durante el año 2019 alrededor de 3.000.000 m2 de nuevas construcciones, que alcanzaron los 4.000.000 m2 en 2021 en la Ciudad de Buenos Aires, aumentando durante los años 2022 y lo que va de 2023.
  • El 6/9 presentamos oficialmente una nota formal dirigida al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. La nota que ingresamos personalmente el 6 de septiembre en la Mesa de entradas del Poder Ejecutivo porteño, caratulada como EX-2023-33495457–GCABA-MGEYA.

En ella, solicitamos la suspensión por el término de 180 días a partir de la publicación de un decreto, prorrogables por un término similar, principalmente de los trámites de registro en etapa proyecto, permiso de demolición y de ejecución de obra nueva o ampliación para proyectos que superen la altura de 9 metros e invadan la superficie de terreno detrás de la LFI definida; el otorgamiento de Certificados Urbanísticos y la aceptación de prórrogas a los ya emitidos.

  • La medida solicitada no contraviene ningún derecho adquirido ya que no pedimos actuar sobre lo ya tramitado. Por el contrario, la gestión del presente Código sí contravino los derechos adquiridos de los vecinos al no considerar vinculante su opinión.
  • La suspensión transitoria no necesita ser efectuada por Ley sino que es atribución del Jefe de Gobierno tanto el otorgamiento de permisos y habilitaciones, como su denegación y suspensión de trámite por aplicación del principio de derecho, mediante decretos.

Ya existen antecedentes de la medida solicitada, el más reciente decretado por la actual gestión ante el envío del proyecto del actual Código Urbanístico de parte del PE a la Legislatura:

  • El Decreto 1/2018 de necesidad y urgencia suspendió por 180 días los trámites, para solicitar permisos de obra nueva o ampliación y solicitudes de consulta al CPU ante la Dirección General de Interpretación Urbanística, para construcciones cuya altura supera la máxima permitida en el futuro Código Urbanístico.
  • El Decreto 1929/2006 suspendió por 90 días el trámite, de los permisos de obra nueva o ampliación relacionadas con parcelas, para viviendas multifamiliar o colectivas cuya altura supera la de un distrito de baja densidad en Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo, Villa Pueyrredón y Caballito.

Ya elevamos nuestro reclamo en las múltiples reuniones que venimos teniendo desde el año pasado con legisladores y funcionarios sin respuestas concretas del oficialismo a los proyectos de ley que presentamos y se repitieron en la sesión ordinaria de la Legislatura el jueves 7/9 cuando se rechazó el pedido de tratamiento preferencial que permitiera debatirlos a tiempo.

De esta manera, aún de impulsarse su trámite con los tiempos legislativos que restan, y en caso de que la cámara legislativa y el futuro Gobierno decidiera mantener su promesa, la modificación del CUr no se aprobaría hasta 2024.

De no decretarse la medida extraordinaria, urgente y transitoria que solicitamos el 6/9 para impedir que la futura normativa llegue tarde, el Poder Ejecutivo actual, avalado por sus candidatos de sucesión y socios de coalición, continuará fomentando que se siga hipotecando el presente y el futuro de los vecinos y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires y el deterioro de su calidad de vida.

Extendiendo la construcción desmedida, la desaparición de espacios verdes, superficies absorbentes y sombra, el incremento de temperatura de la ciudad y el aumento del riesgo hídrico, cortes de luz y resintiendo otros servicios públicos y la ocupación del espacio público, además de la demolición de viviendas patrimoniales y la consecuente pérdida de identidades barriales.

Hasta tanto se concrete el cambio que se promete realizar, si es que se efectiviza, seguirá sujeto a los intereses inmobiliarios y las conveniencias electoralistas en desmedro de las y los ciudadanos y el resultado será irreparable.

Por todo lo expuesto, reiteramos que se trata de una decisión y/o voluntad política no tener en cuenta los reclamos de las y los vecinos y no de una imposibilidad legal o técnica tal como esgrime el candidato a Jefe de Gobierno.

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Reabrieron la estación Villa Crespo del tren San Martín

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Una excelente noticia para los vecinos de Villa del Parque y Villa Devoto que se desplazan al centro de la Ciudad. Es que la estación Villa Crespo del ferrocarril San Martín ha reabierto sus puertas después de más de cinco años de cierre. 

Esta parada es de vital importancia y ha sido anunciada por el Ministerio de Transporte de la Nación, que el año pasado retomó las obras de esta estación y de La Paternal tras una paralización por parte del Gobierno porteño en 2019.

El cierre de las estaciones Villa Crespo y La Paternal, originalmente parte del proyecto de viaducto delegado por el Gobierno de Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta, dejó a los usuarios sin acceso directo a sus propios barrios desde 2017. Sin embargo, la espera ha llegado a su fin.

La conexión con la estación Dorrego del subte

Ubicada en una posición estratégica de la Ciudad, la estación Villa Crespo ofrece conexión directa con la estación Dorrego del subte B, permitiendo a los pasajeros llegar al centro porteño, siempre en menor tiempo que con cualquier otro tipo de transporte. 

Una Estafa y una Pandemia

La inauguración de las estaciones Villa Crespo y La Paternal se vio retrasada inicialmente por una estafa y posteriormente por la pandemia. La empresa Green-Rottio, encargada de las obras, dejó de pagar a subcontratistas y trabajadores, llevando a una interrupción total de los trabajos. A pesar de los esfuerzos por completar la construcción para las elecciones, la situación se volvió insostenible, lo que llevó a las autoridades a trasladar las obras al ámbito de la Ciudad al Nacional.

Cinco largos años de espera

En julio del año pasado, se logró la apertura de la estación La Paternal, de la misma línea, después de cinco años de cierre. En el caso de Villa Crespo, los trabajos aún en curso fueron licitados a principios de 2022 y adjudicados a mitad de año. Estos incluyeron la terminación de accesos, escaleras, losas y andenes, así como la instalación de cartelería, sanitarios y equipamiento electrónico.

Los usuarios por ahora pueden ascender y descender de los trenes en el andén central, con servicio en ambos sentidos. La entrada habilitada se encuentra en la Avenida Corrientes, entre Humboldt y Dorrego.

La reapertura de esta estación marca un regreso a la normalidad que se vivía hace cinco años en la zona. Los reclamos por la finalización de los trabajos han sido atendidos, y los trenes vuelven a detenerse en estas estaciones.

El centro de monitoreo Trenes Seguros de La Paternal, ubicado en la esquina de Trelles y Warnes, también fue presentado este martes, fortaleciendo la seguridad en el ámbito ferroviario con cámaras y control de protocolos de seguridad.

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