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Ciudad

Al final, la plaza Malaver de Villa Ortúzar no tendrá un edificio y sumará más verde

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Al final, no harán un edificio en la plaza Malaver de Villa Ortúzar. La parcela que iba a destinarse a la construcción pasará a manos del Gobierno porteño como parte de un convenio de contraprestación entre la Ciudad y un desarrollador que busca sumar metros cuadrados en un proyecto sobre la avenida Del Libertador.

El conflicto había tomado estado público cuando los vecinos alertaron sobre la situación. Fue cuando demolieron la vieja casona del predio junto a la plaza, delimitada por las calles Estomba, Montenegro, Heredia y Girardot. Al mismo tiempo se conocieron detalles del proyecto de una desarrolladora privada.

La empresa no estaba fuera de norma: la ley habilita a construir más alto desde que se modificó el Código Urbanístico, en 2018.

Los vecinos hicieron un festival e iniciaron una recolección de firmas en la plataforma change.org. La plaza «es uno de los dos espacios verdes en todo el barrio», argumentaron, y agregaron: «La construcción de un edificio va a quitar el sol, el hábitat de aves y flora, el espacio de esparcimiento necesario para favorecer la salud física, mental y la sociabilización de los ciudadanos, así como reducir otros servicios ecosistémicos».

El acuerdo al que se llegó, que ahora deberá ser refrendado por la Legislatura porteña, consiste en que un desarrollador le comprará el terreno al actual propietario. Luego se lo cederá al Gobierno de la Ciudad, que como contraparte lo habilitará a construir más metros cuadrados en un desarrollo que se lleva a cabo sobre la avenida Libertador, sobre el que no trascendieron más detalles.

Además, el comprador de la parcela tiene que hacerse cargo y pagar la obra del espacio verde, que se anexará a la actual traza de la plaza.

Según se pudo saber, el valor de la parcela es de 841.251 UVAs y es solo una parte del convenio de contraprestación que tiene que abonar el privado. Además, la obra de la plaza está calculada en 32.000 UVAs. Según información del Banco Central, cada Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) cotiza hasta este viernes en $ 92,68. Por eso el valor del espacio donde estará la plaza es de alrededor de $77 millones.

Según establece la ley porteña, al requerir un cambio de normativa que habilite a construir más metros cuadrados, el privado debe entregar una contraprestación equivalente a la Ciudad. Puede ser en dinero, obras o espacio público. Esa contraprestación es calculada mediante una fórmula que analiza la ganancia que obtiene el desarrollador gracias al cambio normativo.

Esta modalidad ya trajo polémicas y rechazos con otros convenios que refrendó la Legislatura. E incluso hay proyectos, como el que implica hacer una plaza donde está el estacionamiento de Córdoba y Reconquista, a cambio de la autorización para construir más metros en un desarrollo inmobiliario sobre la avenida Córdoba, junto al convento de Santa Catalina de Siena, que no llegaron a la Legislatura porque aún están en discusión.

Y al mismo tiempo que abre la discusión sobre la identidad barrial, el conflicto de Villa Ortúzar expone la carencia de espacios verdes en diferentes lugares de la Ciudad.

En el caso de la plaza de Villa Ortúzar, según fuentes del Gobierno porteño, el costo de la parcela será descontado de la contraprestación en efectivo que debe pagar el desarrollador al momento de aprobarse el convenio.

«Es un ejemplo de que el gobierno escucha y genera los instrumentos para resolver los problemas de la gente, trabajando en conjunto entre el sector público y el sector privado. Estos convenios urbanísticos son en favor de la gente», dijo Alvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad.

Para los vecinos, el logro no se termina con el convenio. «La idea es ir haciendo algo parecido con las demás propiedades de la manzana, hasta que todo sea verde», habían dicho. Para ellos, «no es un barrio para torres», y los cambios en el código están provocando también una transformación, tanto en Urquiza como en Ortúzar, dos barrios tradicionales de casas bajas en los que la gente advierte transformaciones que pueden cambiarle la esencia.

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Repudio a las amenazas a la cooperativa «Sur Capitalino»

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El pasado jueves 25 de enero, la redacción de la cooperativa «Sur Capitalino» se vio afectada por una amenaza anónima que apuntaba directamente a su trayectoria de 34 años en el periodismo, constituyendo un claro ataque a la libertad de expresión. El mensaje, enviado al celular de los trabajadores, rezaba: “Che! Sur capitalino, ojo chikxs, me parece q no llegan a los 34 años de periodismo, ojo! VILLARRUEL».

Este acto intimidatorio surgió en respuesta a la reciente publicación de una nota que documentaba la organización y movilización de los residentes de La Boca ante medidas implementadas por el gobierno nacional. La cooperativa, comprometida con el periodismo popular, ha mantenido su labor informativa sobre la realidad social, política y cultural de los barrios del sur de la Ciudad durante más de tres décadas.

Con firmeza, «Sur Capitalino» presentó una denuncia ante la Unidad de Intervención Temprana del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, buscando que el Poder Judicial esclarezca y señale a los responsables de estas amenazas.

En un comunicado, la cooperativa reitera su compromiso de no dejarse silenciar y persistir en su labor periodística. Destacan que este tipo de amenazas y hostigamientos no son incidentes aislados, señalando el aumento de la violencia política en las redes sociales. Además, resaltan la conexión entre la agresión virtual y acciones físicas, como atentados a sitios de memoria y espacios de organización social, sugiriendo que estas acciones están siendo facilitadas e instigadas desde las esferas gubernamentales.

La inclusión de «VILLARRUEL» en la firma del SMS se interpreta como una obvia alusión a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, evocando tiempos de persecución y eliminación de trabajadores y periodistas en la historia del país.

«Sur Capitalino» insta a no normalizar estas amenazas, subrayando que, a 40 años de democracia, es fundamental preservar la libertad de expresión y el derecho a la información. La cooperativa reafirma su compromiso con el periodismo independiente y la defensa de los valores democráticos en la sociedad.

La Asociación de Medios Vecinales repudia éste hecho

La Asociación Civil de Medios Vecinales (AcMV) expresa su más enérgico repudio ante la amenaza recibida por Sur Capitalino el pasado 25 de enero. 

La comisión directiva y los socios, nos solidarizamos y condenamos cualquier forma de intimidación o violencia contra la libertad de prensa y expresión.

La función vital de los medios de comunicación locales en la promoción de la verdad y la transparencia es esencial para el bienestar de nuestras comunidades. Instamos a las autoridades a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de Sur Capitalino y sus periodistas, así como para investigar y llevar ante la justicia a los responsables de esta amenaza.

En estos momentos, es crucial unirnos en defensa de la libertad de prensa y mantenernos firmes contra cualquier intento de coartar la labor periodística. La ACMV se compromete a apoyar a Sur Capitalino y a todas las organizaciones que enfrenten amenazas similares.

Quedamos a disposición para colaborar en cualquier iniciativa que promueva un entorno seguro y libre para los medios de comunicación en nuestra sociedad.

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Ciudad

Vecinos de CABA pueden obtener subsidios por el último temporal

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El pasado 17 de diciembre, un violento temporal azotó la Ciudad de Buenos Aires, causando estragos en propiedades y vehículos de los habitantes. Ante esta situación, el Gobierno porteño anunció un subsidio para asistir a los afectados, una ayuda económica vital para paliar los perjuicios sufridos.

Los vecinos que hayan sufrido daños en sus inmuebles o automóviles podrán acceder a esta asistencia económica. Los montos van hasta $2.5 millones para reparaciones en viviendas y hasta $1.5 millones para vehículos. Este subsidio, establecido por la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, se asignará considerando la magnitud de los daños y la situación económica del solicitante.

El proceso para solicitar este subsidio es sencillo pero crucial para obtener la ayuda necesaria:

  • Registro en miBA: Accede a la plataforma miBA y asegúrate de contar con usuario y clave nivel 2 ó 3.
  • Documentación requerida: Presenta foto de ambos lados del DNI, documentación que acredite la titularidad y radicación del bien en la Ciudad de Buenos Aires.
  • Datos bancarios y evidencia del daño: Informa tu número de CBU y adjunta fotografías que evidencian los daños.
  • Requisitos específicos: Para inmuebles, se necesita el título de propiedad original o informe de dominio. En el caso de automóviles, la Cédula Única de Identificación Vehicular y póliza de seguro.

Es importante destacar que no se exige la ausencia de deudas fiscales ni infracciones para acceder a este subsidio, como confirmaron las autoridades porteñas. Además, un mismo damnificado puede recibir subsidios acumulados por daños en inmuebles y vehículos. Sin embargo, no se otorgará el beneficio a distintas personas respecto al mismo bien.

El plazo para solicitar este subsidio finaliza el 18 de enero, y la autoridad correspondiente iniciará la verificación de los daños en un lapso de 15 días hábiles tras la solicitud.

Este episodio no solo nos llama a la solidaridad entre vecinos, sino que también nos recuerda la importancia de cuidar nuestro planeta. Los desastres naturales, en ocasiones, parecen ser una respuesta a la negligencia hacia nuestro entorno. Es fundamental promover acciones que preserven y protejan nuestra ecología, reflexionando sobre la relación entre nuestras acciones y las reacciones de la naturaleza. Cuidar nuestro hogar común es responsabilidad de todos.

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Ciudad

Controversial proyecto de multas en CABA por sacar residuos de los contenedores

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El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha puesto sobre la mesa un controvertido proyecto en la Legislatura porteña, liderado por Clara Muzzio, actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana. Esta iniciativa busca imponer sanciones económicas a aquellos que extraigan residuos de los contenedores dispuestos en la vía pública. Sin embargo, esta propuesta ha generado un fuerte rechazo por parte de las cooperativas de recicladores urbanos, quienes demandan la reconsideración de la medida. Este episodio se suma a una serie de propuestas similares por parte del Gobierno de la Ciudad, lo que plantea interrogantes sobre su enfoque hacia los sectores más vulnerables.

Este proyecto de Ley contempla multas que podrían ascender a montos superiores al millón de pesos. Estas sanciones están dirigidas tanto a cartoneros y recicladores como a cualquier persona que saque alimentos de la basura. La propuesta tiene como objetivo elevar el valor de las multas estipuladas en el actual Régimen de Faltas vigente en la Ciudad de Buenos Aires, que sancionan las infracciones contra el medio ambiente, el espacio público y la higiene urbana. Asimismo, introduce la obligación de llevar a cabo acciones de reparación ambiental.

En este contexto, el Ejecutivo ha incluido incrementos en las penalidades para aquellos habitantes que depositen la basura en los contenedores fuera del horario permitido, es decir, entre las 19 y las 21 horas. Además, se impone una multa a quienes no cumplan con la separación de los desechos domiciliarios en su lugar de origen, con montos que varían entre los 14.446 y los 144.660 pesos.

Esta no es la primera vez que Clara Muzzio genera controversia en torno a políticas relacionadas con el cuidado del espacio público y el medio ambiente. En marzo de este año, la funcionaria redactó una polémica licitación pública que equiparaba a las personas en situación de calle con los residuos, equiparando de esta manera a objetos y personas como elementos «susceptibles de producir contaminación visual» en la Ciudad de Buenos Aires.

Cooperativas de reciclaje: voces en contra de las multas

Durante la reunión de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, se hizo presente una delegación de cooperativas de recicladores que operan en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas Amanecer, Madreselvas y El Álamo, para expresar su rechazo a las cuantiosas sanciones económicas propuestas.

Éstas entidades criticaron la falta de convocatoria por parte del Gobierno de la Ciudad para abordar las soluciones de las personas en situación de calle y los cartoneros independientes. Asimismo, cuestionó la decisión de castigar a aquellos que revisan los contenedores en busca de alimento o materiales reciclables para subsistir, considerando que esto representa un fracaso en la política destinada a resolver los problemas de la población en situación de vulnerabilidad.

Esta no es la primera vez que se adopta una medida que parece impactar de manera desproporcionada en los sectores más vulnerables de la sociedad. Es esencial reflexionar sobre la necesidad de políticas que promuevan la inclusión y el apoyo a aquellos que menos tienen, en lugar de imponer sanciones económicas que pueden agravar su situación.

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Emergencia Urbanística: La Interbarrial BA pide medidas urgentes a Horacio Rodríguez Larreta

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La Interbarrial de Buenos Aires desmiente los dichos de Jorge Macri y reitera el pedido a Horacio Rodríguez Larreta para decretar la suspensión del otorgamiento de Permisos de obra, Demolición y Certificados urbanísticos para detener el deterioro irreversible de los barrios de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.

Ante las declaraciones del candidato a Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, emitidas en el programa “De acá en más” conducido por María O’Donnell en la radio Urbana Play, en las cuales afirma que el oficialismo no promoverá el pedido de los vecinos y vecinas de casi 20 barrios de la Ciudad de Buenos Aires, declarados en Emergencia Urbanística Ambiental, para suspender los permisos de obra detallados hasta tanto la Legislatura porteña promulgue modificaciones al Código Urbanístico, las organizaciones vecinales nucleadas en la Interbarrial BA expresan que:

  • El Poder Ejecutivo incumple desde el año pasado su mandato de revisión del Código Urbanístico sancionado el 6/12/2018 y promulgado el 27/12/2018, que según la misma norma debe realizarse cada cuatro años.
  • A partir de la vigencia del CUR, se autorizaron durante el año 2019 alrededor de 3.000.000 m2 de nuevas construcciones, que alcanzaron los 4.000.000 m2 en 2021 en la Ciudad de Buenos Aires, aumentando durante los años 2022 y lo que va de 2023.
  • El 6/9 presentamos oficialmente una nota formal dirigida al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. La nota que ingresamos personalmente el 6 de septiembre en la Mesa de entradas del Poder Ejecutivo porteño, caratulada como EX-2023-33495457–GCABA-MGEYA.

En ella, solicitamos la suspensión por el término de 180 días a partir de la publicación de un decreto, prorrogables por un término similar, principalmente de los trámites de registro en etapa proyecto, permiso de demolición y de ejecución de obra nueva o ampliación para proyectos que superen la altura de 9 metros e invadan la superficie de terreno detrás de la LFI definida; el otorgamiento de Certificados Urbanísticos y la aceptación de prórrogas a los ya emitidos.

  • La medida solicitada no contraviene ningún derecho adquirido ya que no pedimos actuar sobre lo ya tramitado. Por el contrario, la gestión del presente Código sí contravino los derechos adquiridos de los vecinos al no considerar vinculante su opinión.
  • La suspensión transitoria no necesita ser efectuada por Ley sino que es atribución del Jefe de Gobierno tanto el otorgamiento de permisos y habilitaciones, como su denegación y suspensión de trámite por aplicación del principio de derecho, mediante decretos.

Ya existen antecedentes de la medida solicitada, el más reciente decretado por la actual gestión ante el envío del proyecto del actual Código Urbanístico de parte del PE a la Legislatura:

  • El Decreto 1/2018 de necesidad y urgencia suspendió por 180 días los trámites, para solicitar permisos de obra nueva o ampliación y solicitudes de consulta al CPU ante la Dirección General de Interpretación Urbanística, para construcciones cuya altura supera la máxima permitida en el futuro Código Urbanístico.
  • El Decreto 1929/2006 suspendió por 90 días el trámite, de los permisos de obra nueva o ampliación relacionadas con parcelas, para viviendas multifamiliar o colectivas cuya altura supera la de un distrito de baja densidad en Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo, Villa Pueyrredón y Caballito.

Ya elevamos nuestro reclamo en las múltiples reuniones que venimos teniendo desde el año pasado con legisladores y funcionarios sin respuestas concretas del oficialismo a los proyectos de ley que presentamos y se repitieron en la sesión ordinaria de la Legislatura el jueves 7/9 cuando se rechazó el pedido de tratamiento preferencial que permitiera debatirlos a tiempo.

De esta manera, aún de impulsarse su trámite con los tiempos legislativos que restan, y en caso de que la cámara legislativa y el futuro Gobierno decidiera mantener su promesa, la modificación del CUr no se aprobaría hasta 2024.

De no decretarse la medida extraordinaria, urgente y transitoria que solicitamos el 6/9 para impedir que la futura normativa llegue tarde, el Poder Ejecutivo actual, avalado por sus candidatos de sucesión y socios de coalición, continuará fomentando que se siga hipotecando el presente y el futuro de los vecinos y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires y el deterioro de su calidad de vida.

Extendiendo la construcción desmedida, la desaparición de espacios verdes, superficies absorbentes y sombra, el incremento de temperatura de la ciudad y el aumento del riesgo hídrico, cortes de luz y resintiendo otros servicios públicos y la ocupación del espacio público, además de la demolición de viviendas patrimoniales y la consecuente pérdida de identidades barriales.

Hasta tanto se concrete el cambio que se promete realizar, si es que se efectiviza, seguirá sujeto a los intereses inmobiliarios y las conveniencias electoralistas en desmedro de las y los ciudadanos y el resultado será irreparable.

Por todo lo expuesto, reiteramos que se trata de una decisión y/o voluntad política no tener en cuenta los reclamos de las y los vecinos y no de una imposibilidad legal o técnica tal como esgrime el candidato a Jefe de Gobierno.

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Ciudad

Reabrieron la estación Villa Crespo del tren San Martín

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Una excelente noticia para los vecinos de Villa del Parque y Villa Devoto que se desplazan al centro de la Ciudad. Es que la estación Villa Crespo del ferrocarril San Martín ha reabierto sus puertas después de más de cinco años de cierre. 

Esta parada es de vital importancia y ha sido anunciada por el Ministerio de Transporte de la Nación, que el año pasado retomó las obras de esta estación y de La Paternal tras una paralización por parte del Gobierno porteño en 2019.

El cierre de las estaciones Villa Crespo y La Paternal, originalmente parte del proyecto de viaducto delegado por el Gobierno de Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta, dejó a los usuarios sin acceso directo a sus propios barrios desde 2017. Sin embargo, la espera ha llegado a su fin.

La conexión con la estación Dorrego del subte

Ubicada en una posición estratégica de la Ciudad, la estación Villa Crespo ofrece conexión directa con la estación Dorrego del subte B, permitiendo a los pasajeros llegar al centro porteño, siempre en menor tiempo que con cualquier otro tipo de transporte. 

Una Estafa y una Pandemia

La inauguración de las estaciones Villa Crespo y La Paternal se vio retrasada inicialmente por una estafa y posteriormente por la pandemia. La empresa Green-Rottio, encargada de las obras, dejó de pagar a subcontratistas y trabajadores, llevando a una interrupción total de los trabajos. A pesar de los esfuerzos por completar la construcción para las elecciones, la situación se volvió insostenible, lo que llevó a las autoridades a trasladar las obras al ámbito de la Ciudad al Nacional.

Cinco largos años de espera

En julio del año pasado, se logró la apertura de la estación La Paternal, de la misma línea, después de cinco años de cierre. En el caso de Villa Crespo, los trabajos aún en curso fueron licitados a principios de 2022 y adjudicados a mitad de año. Estos incluyeron la terminación de accesos, escaleras, losas y andenes, así como la instalación de cartelería, sanitarios y equipamiento electrónico.

Los usuarios por ahora pueden ascender y descender de los trenes en el andén central, con servicio en ambos sentidos. La entrada habilitada se encuentra en la Avenida Corrientes, entre Humboldt y Dorrego.

La reapertura de esta estación marca un regreso a la normalidad que se vivía hace cinco años en la zona. Los reclamos por la finalización de los trabajos han sido atendidos, y los trenes vuelven a detenerse en estas estaciones.

El centro de monitoreo Trenes Seguros de La Paternal, ubicado en la esquina de Trelles y Warnes, también fue presentado este martes, fortaleciendo la seguridad en el ámbito ferroviario con cámaras y control de protocolos de seguridad.

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