En estos días, el tratamiento en el Congreso nacional del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ​reaviva un debate que recorrió el siglo XX. Rusia fue el primer Estado que lo permitió sin restricción de causales, hace cien años. En 1965, la Cuba revolucionaria se convirtió en la primera nación latinoamericana donde el aborto fue ley. El famoso fallo “Roe vs. Wade” marcó un hito en los Estados Unidos y sirvió como impulso para este reclamo en Occidente. Más recientemente, países como Uruguay, Irlanda y Nueva Zelanda también incorporaron legislaciones favorables a esta práctica. A continuación recorremos estos y otros casos históricos importantes.

1920: el decreto ruso que conmovió al mundo

Desde 1885, el Código Penal ruso definía al aborto como un “acto premeditado de asesinato”, que podía conllevar castigos severos. Los anticonceptivos eran, entonces, poco frecuentes e inseguros: iban desde el lavado vaginal con agua y el coito interrumpido, hasta la utilización de vinagre, soluciones químicas, yodo, glicerina o alumbre de quinina en polvo. Muchas mujeres acudían a parteras (babki) para terminar sus embarazos de forma clandestina. Otras recurrían a plumas de ganso o tubos de metal.

A principios del siglo XIX, algunos médicos y juristas comenzaron a proponer reformas para evitar la elevada cantidad de muertes que conllevaban estos métodos peligrosos. Pero no fue hasta después de la Revolución de 1917 que la práctica fue legalizada. El gobierno soviético no veía al aborto con buenos ojos y creía que la mejor forma de abordar el problema de los embarazos no deseados era con guarderías, casas cuna, planificación familiar y clínicas de maternidad. Sin embargo, los funcionarios eran conscientes de que ninguna ley punitiva había tenido éxito y que las perjudicadas eran las más pobres.

El 18 de noviembre de 1920 fue publicada la resolución de los Comisariados del Pueblo de Salud y de Justicia, titulada “Sobre la protección de la salud de las mujeres”, que permitía la interrupción voluntaria del embarazo de forma gratuita y en hospitales públicos. El texto denunciaba que muchas de ellas resultaban víctimas de “charlatanes mercenarios y a menudo ignorantes”, refería a tasas de infección que llegaban al 50 % y alertaba que el 4 % de las pacientes morían.

En 1936, el estalinismo, consolidado en el poder, volvió a criminalizar esta práctica y a priorizar la maternidad a toda costa. Además, suprimió la sección femenina del Comité central del Partido Bolchevique, restituyó la figura del “hijo ilegítimo” y criminalizó la prostitución y la homosexualidad. Es decir, eliminó cuatro conquistas fundamentales de los primeros años de la revolución. En 1944 se creó la orden de la “Gloria Maternal” para toda mujer que tuviera entre siete y nueve descendientes, así como el título de “Madre heroica”, para aquellas que parieran a más de diez.

En la actualidad, el aborto es legal en Rusia dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

1965: Cuba, una revolución en derechos sexuales y reproductivos

En 1936, durante el gobierno de la Unión Nacional, se legalizó en Cuba la interrupción del embarazo bajo tres condiciones: si el feto era producto de una violación, en caso de que corriera riesgo la vida de la mujer y ante la aparición de enfermedades hereditarias incurables. Los abortos por otros motivos no sólo eran muy comunes en la isla, sino que -a diferencia de otros países- había una amplia tolerancia social al respecto. Pero todavía faltaban políticas públicas que los reconocieran y aseguraran condiciones sanitarias óptimas para su ejecución.

Un primer paso ocurrió tres años después de la revolución castrista, con la despenalización de la práctica. En 1965, de acuerdo con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, finalmente se creó la base para que los abortos se llevaran adelante enmarcados dentro del Sistema Nacional de Salud. El Estado los reconoció como un derecho humano, que podía evitar fallecimientos y afecciones indeseadas.

Aunque no se formuló una ley, la interrupción voluntaria del embarazo fue “institucionalizada” y pasó bajo la égida de los centros públicos de salud, sin costo para las pacientes, quienes debían presentarse dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Posteriormente, el Código Penal de 1979 especificó que el aborto se convertía en un delito si era cometido con fines de lucro, por personal no médico o en contra de la voluntad de la persona gestante.

Debido a la falta de acceso, transporte o profesionales -principalmente en zonas rurales y más necesitadas-, actualmente las activistas cubanas reclaman una legislación escrita, que garantice la aplicación de los abortos sin dilaciones. La Constitución de 2019 aparece favorable en este sentido, ya que estipula “el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social”, “el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos” y la protección frente a la violencia de género.

1967: Inglaterra, pionera en Europa

En 1967, Gran Bretaña aprobó el Abortion Act, que permitía el aborto inducido hasta la semana 28 de gestación (plazo que fue acotado a 24 semanas, a partir de una enmienda de 1990); y por tiempo ilimitado, en caso de que el feto evidenciara discapacidades severas o que la persona gestante pudiera sufrir daños permanentes. De esta forma, el territorio británico se convirtió en precursor de una de las legislaciones más abiertas sobre el tema en toda Europa Occidental.

Pasó durante el gobierno laborista de Harold Wilson y su impulsor fue el diputado liberal David Steel. Diversos estudios indicaban que, a principios de los sesenta, al menos 30 mil mujeres interrumpían sus embarazos en el marco de la ilegalidad, lo cual derivaba en 2.500 ingresos hospitalarios y más de veinte muertes registradas al año (se estima que el número real era mayor). A partir de la reglamentación de la ley, en 1968, el Servicio Nacional de Salud se hizo cargo de la práctica y los decesos por esta causa prácticamente cesaron.

En 1974, un comité designado por el Parlamento, el Comité Lane, investigó el funcionamiento y aplicación de la normativa y revalidó su necesidad. Desde esa fecha, existieron diversas propuestas de cambios: en 1975, 1977, 1979 y 1987. El último debate, de mayo de 2008, rechazó el pedido hecho por algunos sectores para reducir las semanas transcurridas de embarazo para pedir el procedimiento.

Al contrario de lo que acontece en otros lugares, en el Reino Unido se aplican distintos métodos, que varían según criterio médico y avance gestacional: el aborto con medicamentos suele regir hasta la novena semana, a partir de la cual tiende a optarse por variantes quirúrgicas.

1973: las mujeres estadounidenses festejan un fallo histórico

En los setenta, las feministas de la denominada “segunda ola” problematizaron la institución familiar, el trabajo doméstico, el amor romántico y la maternidad obligada. El aborto legal fue una de sus demandas centrales y su consecución en Estados Unidos se volvió la punta de lanza para la militancia en otros países.

En 1973, el famoso fallo “Roe vs. Wade” -un caso testigo llevado ante la Corte Suprema- respaldó el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos. Mediante una votación de seis contra dos, se decidió que todas las leyes previas sobre aborto eran inconstitucionales y que una persona gestante podía abortar durante el primer trimestre. Claro que la lucha no empezó ese año.

La Organización Nacional de la Mujer o NOW, formada en 1966, había adoptado esta demanda. Un año después nació otro colectivo que se sumó a la pelea: las Mujeres Radicales de Nueva York, entre las que se encontraban Shulamith Firestone (autora del clásico libro La dialéctica del sexo) y Carol Hanish (redactora del texto “Lo personal es político”, devenido en lema ineludible del movimiento).

Muchas de estas mujeres, pertenecientes a la Nueva izquierda, también eran parte del Movimiento de Liberación de la Mujer. En 1969, fue publicado el artículo “Pan y Rosas”, de Kathleen McAfee y Minna Wood, en el cual se hablaba del derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo. En 1970, apareció otro libro: «Our bodies, ourselves» (en español, Nuestros cuerpos, nuestras vidas), el primero escrito por y para mujeres, abordando salud, orientación sexual, identidad de género, control de natalidad, aborto, embarazo, parto, violencia, abuso y menopausia.

Las agrupaciones denunciaban que las más perjudicadas por la ilegalidad del aborto eran las latinoamericanas y las afroamericanas: en los sesenta, estas representaban el 80 % de las muertes por prácticas clandestinas. Las enormes marchas en ciudades como Nueva York y Chicago -donde miles de mujeres desfilaban con perchas teñidas de rojo-, la pelea por leyes en distintos estados y la implicancia de abogadas feministas en casos judiciales sentaron el precedente para los eventos de 1973.

Los sectores más conservadores y religiosos no tardaron en reaccionar. A partir de la conquista del aborto legal, comenzaron a agruparse políticamente en torno al Partido Republicano, con el objetivo de revertir la ley. Lograron obstaculizar el acceso al mismo en muchos estados, mediante legislaciones disuasivas y recortes presupuestarios. Estos intentos perduran hasta hoy y se acentuaron durante la era Trump.

1974: las francesas rompen la vergüenza de la clandestinidad

El 5 de abril de 1971, en las páginas del Nouvel Observateur apareció un texto disruptivo, redactado por Simone De Beauvoir: se titulaba “Manifiesto por el aborto legal” y estaba firmado por 343 mujeres que habían abortado. Muchas de ellas eran destacadas figuras de la cultura y la intelectualidad. Fueron valientes: al poner sus nombres, se exponían a procesamientos penales e incluso a la cárcel. Denunciaban que más un millón de mujeres abortaba en el país cada año, de forma silenciada y expuestas a riesgos sépticos.

“Yo haré un niño, si tal es mi deseo y no sufro ninguna presión moral. Ninguna institución o imperativos de orden económico deberían obligarme a hacerlo. Esta prerrogativa constituye mi poder político”, declaraban. Aunque los medios intentaron ridiculizarlas, tildándolas de “sinvergüenzas”, su acto disparó el activismo por el aborto, criminalizado allí desde 1920. De esta forma, continuaban el camino de organizaciones como el Mouvement de Libération des Femmes.

Frente a la presión social, en 1975 fue promulgada la “Ley Veil” -en referencia a la ministra de Salud, sobreviviente del campo de Auschwitz -, que legalizó el aborto, con un tope de 10 semanas de gestación (12, desde una reforma de 2001) y luego de una charla con un profesional de la salud. Se incorporaron dos puntos que generaron polémica: una semana de “reflexión” previa al procedimiento para la paciente y la objeción de conciencia para los médicos o médicas (esta es personal y no institucional). Aunque se votó solo por cinco años, la legislación fue reafirmada en 1979.

Actualmente, se multa con fuertes sumas a los sitios web que proporcionan información engañosa para obstaculizar la práctica. Y esta se puede aplicar más allá del período estipulado por la ley, si existen causales como la violación, problemas psicosociales o riesgo de vida para la persona gestante.

1978: tras una larga lucha feminista, se aprueba la ley 194 en el epicentro de la Iglesia católica

La exigencia del aborto legal tuvo un origen temprano en Italia. La llevaba en su programa el grupo milanés Desmitificación del Autoritarismo Patriarcal (DEMAU), fundado en 1966 con una composición mixta, de tendencia izquierdista. La agrupación Anábasis, creada por Serena Castaldi, también incorporó este pedido. Cuando rompió la década del setenta, se realizó en Roma la “Primera Jornada Internacional para la abolición de las leyes prohibitivas del aborto”. Y al año siguiente, nació el Movimiento di Liberazione della Donna (MLD), que luchaba tanto por el divorcio vincular, como por la educación sexual y la interrupción voluntaria del embarazo.

A lo largo de esa década, se formaron incluso organizaciones feministas dentro de los sindicatos, donde también intervenía el Partido Comunista. Las obreras se sumaban a las demandas de intelectuales y universitarias. Pronto, las estudiantes secundarias también pusieron su voz, al igual que las médicas. Cuando una joven fue condenada a tres años de prisión por abortar en 1973 (justo el año de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en los Estados Unidos), el reclamo tuvo un símbolo y un eje estructurador.

En 1974, en un referéndum ganó la opción de permitir el divorcio vincular. Las feministas sabían que habían conseguido una victoria e iban por más. “Aborto libre para no morir, anticonceptivos para no abortar”, decían sus pancartas, que recuerdan a las que circulan en la Argentina desde hace muchos años. Además, cobraron notoriedad las socorristas (mujeres que asistían a otras que deseaban realizarse abortos).

El 22 de mayo de 1978 llegó el día impensado por muchos. El Parlamento italiano aprobó la ley 194, sobre las “Normas para la protección social de la maternidad y acerca de la interrupción voluntaria del embarazo”. Esta norma permitió el aborto dentro de los primeros noventa días de embarazo, en caso de peligros para la salud física y psíquica de la persona gestante; dificultades económicas, sociales o familiares; o ante malformaciones o enfermedades incurables del feto. En los hechos, todo motivo personal serio es suficiente para interrumpir el embarazo sin ser esto considerado como un delito.

Tres años luego de la aprobación del proyecto, se realizó una enorme manifestación contra el aborto, que agrupó a 200 mil personas. Y el Movimiento por la Vida, de corte católico, promulgó un referéndum para derogar la ley: este fue desestimado por la mayoría de los italianos e italianas.

En 2018, la ciudad de Verona aprobó una moción para financiar desde el Estado a las asociaciones “provida” y el papa Francisco equiparó la interrupción voluntaria del embarazo con “contratar un sicario”. En su último libro, «Soñemos Juntos», el Pontífice volvió a pronunciarse: “La vida humana nunca es una carga. Exige que le hagamos lugar, no que la descartemos”. Sin embargo, en las tierras que rodean al Vaticano, con apoyo de la población, el aborto sigue siendo ley.

2012: del otro lado del Plata, el aborto es libre, seguro y gratuito

Hace ocho años, Uruguay aprobó una ley que marcó un precedente histórico en la región: la Nº 18.987, que permitió la interrupción voluntaria del embarazo.

Desde la caída de la dictadura, en 1985, el aborto fue una de las consignas centrales de los grupos feministas y de izquierda del país vecino (donde la Iglesia Católica tiene escaso peso). En octubre de 2012, a pesar de la oposición de los sectores conservadores y de derecha, se legalizó esta práctica hasta la duodécima semana de gestación (o decimocuarta en casos de violación). Y, en noviembre de ese año, el entonces presidente José Mujica publicó el decreto que regulaba el procedimiento a seguir. En la mayoría de los casos, los tratamientos se realizan con medicamentos (misoprostol y mifepristona).

Entre la entrada en vigor de la ley y el año 2019, se efectuaron 65.202 abortos en los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Aproximadamente el 50 % se gestiona en instituciones públicas y las personas mayores de 20 años son quienes más acuden a los centros. Para muchas feministas, Uruguay se convirtió en un ejemplo a seguir, debido a esta y otras medidas progresivas.

Los primeros años después de la legalización, se vio un leve aumento en la cantidad de interrupciones realizadas, que luego se estancó, siguiendo una tendencia internacional. Según explican especialistas, como la investigadora universitaria Paola Bergallo, esto no implica necesariamente un mayor número de procedimientos, sino un registro más certero (difícil durante la ilegalidad). Es decir, se trataría de la diferencia entre el “dato clandestino” y el “dato legal”.

Aunque la legislación uruguaya es pionera, existen algunas críticas. Por ejemplo, el abuso de la figura de “objeción de conciencia” por parte de los médicos (constatable en departamentos como Salto y Soriano, donde los grupos “provida” tienen mucha actividad).

Además, distintas referentes marcan que todavía faltan infraestructura, información y personal apto en ciertas localidades; y que los trámites burocráticos pueden derivar en incumplimientos de los plazos establecidos por la ley.

En 2013, los grupos que se oponen a la práctica intentaron derogar la norma mediante una consulta popular, pero no lograron la convocatoria necesaria. El actual presidente, Luis Lacalle Pou, se pronunció contra este derecho. Miembros de su fuerza directamente pidieron reabrir el debate. Por ahora, los derechos sexuales y reproductivos conquistados siguen siendo garantizados.

2018: Irlanda, otro país mayoritariamente católico que aprueba el aborto

En diciembre de 2018, poco después de que la Cámara Alta rechazara el proyecto en la Argentina, Irlanda legalizó la interrupción del embarazo hasta la duodécima semana, sin necesidad de presentar justificativos. De esta forma, se respetaba un reclamo extendido del movimiento feminista y de las diversidades: “Mi cuerpo, mi decisión”. El debate en ambas cámaras del Parlamento se había extendido durante dos meses: en el interín, se habían planteado centenares de enmiendas y propuestas.

En mayo de ese año, el pueblo irlandés había votado un plebiscito contra la Octava Enmienda de la Constitución, que prohibía el aborto casi en cualquier circunstancia, equiparando los derechos de la persona gestante a los del feto. Con una gran participación, el 66 % de los electores se pronunció por la derogación de esta vieja norma,duplicando así a aquellos que la apoyaban. Las movilizaciones de los años previos -como la ocurrida en 2012, cuando una joven murió de septicemia luego de que se le negara un aborto- mostraban que esa medida no era suficiente.

Desde 2013, las interrupciones de embarazos fueron permitidas en Irlanda, pero solamente cuando la vida de la mujer estaba en riesgo (esto incluía la posibilidad de suicidio). La pena máxima por realizar un aborto ilegal era de 14 años de cárcel.

Las imágenes de jóvenes festejando la ley del año 2018 mostraron que, aún en un país de mayoría católica como Irlanda, es posible considerar al aborto como un problema de salud pública que, practicado en condiciones adecuadas, puede salvar vidas. La aprobación del matrimonio igualitario y la elección de un ministro LGBT ya habían mostrado el avance hacia una política más liberal en materia de derechos, frente a una tradición religiosa más conservadora.

Como ocurrió en los Estados Unidos, los movimientos autodenominados “provida” han incurrido en diversos intentos por poner frenos a los abortos inducidos, distribuyendo información falsa, organizando movilizaciones en los alrededores de las clínicas para asustar a las pacientes e incluso montando clínicas falsas, que buscan convencer a las personas gestantes de continuar sus embarazos.

2020: Nueva Zelanda, el último país (hasta ahora) en legalizar el aborto

Mientras el coronavirus comenzaba a causar estragos en todo el mundo, Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, daba una conferencia de prensa que no tenía que ver con la pandemia: el aborto -una de sus promesas de campaña- había sido legalizado. El Parlamento aprobó la ley de forma, con 68 votos a favor y 51 en contra.

En 1977, este país de Oceanía permitió la práctica sólo en casos donde hubiera un riesgo grave para la salud mental o física para la persona gestante. Para el resto, había castigos de hasta 14 años de cárcel: es más, la interrupción voluntaria del embarazo era el único procedimiento médico punible, según remarcó el ministro de Justicia, Andrew Little.

En marzo de este 2020 agitado, las neozelandesas consiguieron la libertad para decidir si proseguir o no con sus embarazos, dentro de las primeras 20 semanas de gestación, con asesoramiento médico y sin necesidad de exponer razones.