Más de 80 líneas de colectivos, de paro por una pelea interna en la UTA

La puja interna en la UTA, el gremio que nuclea a los choferes de colectivos, vuelve a complicar el servicio en un momento donde -por la pandemia- es fundamental el buen funcionamiento del transporte público. Más de 80 líneas del área metropolitana se encuentran de paro por 24 horas, en rechazo a “la precarización y la desocupación” en el sector.

La medida es impulsada por delegados que adhieren al grupo disidente que lidera Miguel Angel Bustinduy, un hombre ligado a Hugo Moyano y que mantiene una dura pulseada con la conducción del gremio, encabezada por Roberto Fernández.

El paro afecta a las líneas 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 107, 108, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188. Casi todas se encuentran ligadas al grupo DOTA, uno de los que concentra mayor cantidad de empresas en el área metropolitana.

Desde el sector de Bustinduy apuntaron contra el ministro de Transporte, Mario Meoni. «Prefiere la mafia y los negociados para la precarización y la desocupación de los choferes«, aseguraron dirigentes en un comunicado. La frase tiene como marco la situación de la línea 141, cuya licitación para el cambio de concesionaria quedó salpicada por denuncias cruzadas. La línea pasó buena parte de la pandemia sin prestar servicio por una protesta de trabajadores en reclamo por la falta de pago. Los vaivenes del expediente fueron mirados con lupa por todo el sector. La 141, que también incluye como ramal al recorrido de la ex 36, volvería a funcionar con nuevo número (145) y operadores transitorios.

Pero el grupo de Bustinduy, además, no ahorró críticas contra el Gobierno nacional. «Parece ignorar las necesidades alimentarias, familiares y laborales de cada conductor», agregaron sus dirigentes, que también renovaron cuestionamientos a la conducción de la UTA. «Jamás alza su voz, ni defiende ni garantiza derecho alguno«, dijeron.

Desde el gremio que lidera Roberto Fernández se aclaró esta mañana que “de ninguna manera se ha convocado a una medida de fuerza”. Y que “continúa trabajando -por las vías que corresponden- en la búsqueda de soluciones a las necesidades de los trabajadores afectados por conductas empresariales que se vieron agravadas en el transcurso de la pandemia”.

La puja entre los sectores de Fernández y Bustinduy alcanzó notoriedad nacional a finales de diciembre del año pasado, cuando militantes del sector disidente tomaron la sede del sindicato en Balvanera. La protesta finalizó con graves destrozos en las instalaciones y roturas en vehículos que estaban estacionados en el lugar.