Se incrementaron las denuncias contra la Federal por abusos

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad elaboro un informe donde revela que en los últimos dos años se incrementaron las denuncias por uso desmedido de la fuerza y otras causas contra la Policía Federal. El último caso público, que también investiga la Defensoría, es por la violenta e injustificada represión que sufrió el publico que intentaba entran tranquilamente y con entrada en la mano al recital de viejas loca, hecho que termino con un joven muerto por fuertes golpes en la cabeza.En veinte casos que analizó La Defensoría del Pueblo de la Ciudad se constataron, entre otras irregularidades pasibles de sanción penal, el uso desmesurado de la fuerza, la utilización de armas de fuego en situaciones que no lo requerían, la recurrencia de comportamientos discriminatorios y el ocultamiento o la modificación de hechos con el propósito de inculpar a quienes fueron víctimas o exculpar a los uniformados.

En 65 páginas divididas en diez capítulos y tres anexos sobre causas abiertas por represión en desalojos, marchas y episodios que involucraron a víctimas individuales, el documento describe minuciosamente el patrón común de un proceder que es fruto de la brecha que separa al real accionar policial de la normativa vigente. En todos los casos se advierte que el uso de la fuerza resultó excesivo, desproporcionado o irracional; que mayoritariamente se aplicó contra personas y sectores sociales vulnerables; que no se respetaron los estándares internacionales de protección a los derechos humanos y que constituyeron o constituirían delitos dignos de ser investigados por el fuero penal.

Apenas un puñado de situaciones del período investigado, revelan que el accionar policial se sigue rigiendo por un modelo en el que predominan rutinas y hábitos inspirados en una perspectiva bélica del control del delito, en la aplicación de una metodología extrainstitucional destinada a disciplinar toda conducta transgresora, aún cuando ésta no viole ley alguna, y en la persistencia de una ideología basada en conceptos primitivos de la moral pública y del conflicto social.

El 14 de noviembre de 2009, la Policía Federal Argentina puso en marcha un enorme operativo -que incluyó hasta un helicóptero- para reprimir a miles de jóvenes que, prestos a ingresar al estadio de Vélez Sársfield para presenciar un recital del grupo Viejas Locas, comenzaron a protestar indignados por la aparente sobreventa de entradas que desbordó la capacidad prevista, por la ausencia de controles y por el accionar de la barra brava del club, a la que –como se observa en las filmaciones de los sucesos- las fuerzas policiales le abrieron paso para que traspusiera los molinetes sin inconvenientes.

El saldo de los gravísimos incidentes fue de 30 heridos, 34 detenidos y un adolescente de 17 años, Rubén Carballo, que falleció 23 días después, víctima de una fractura de cráneo. Cuando fue hallado, sus ropas estaban teñidas con la coloración del agua de los hidrantes y presentaba impactos de balas de goma y fuertes contusiones.

Según la argumentación policial, se habría golpeado al intentar trepar por un muro del estadio para acceder irregularmente al espectáculo, pero el hecho de que conservara en sus bolsillos el celular y la entrada que había adquirido dos meses antes demuestra la inconsistencia de la explicación.

Ante un hecho de tal gravedad, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, presentó una denuncia penal contra el personal de la Comisaría 44 de la Policía Federal que intervino en los hechos.

Episodios como el descripto, que por la fecha en que ocurrió no forma parte del Informe sobre la Violencia Policial, fortalecen la convicción existente en la Defensoría del Pueblo de que es facultad irrenunciable de la institución evitar toda vulneración de derechos y aún de situaciones que puedan implicar un riesgo para las garantías ciudadanas, así como consolidar una visión del problema de la inseguridad que no la aborde únicamente desde el punto de vista de la propiedad de los bienes materiales, sino que dé prioridad a la plena vigencia de los derechos constitucionales. Para que ello ocurra, debe consolidarse el control político de las fuerzas policiales.