Piden protección al denunciante no delincuente, más que al arrepentido

Muchas personas, y sobre todo empleados públicos, han sido testigos involuntarios de maniobras delictivas. Pero por miedo o por no creer en la justicia, no han hecho las denuncias. Estas personas requieren una protección para presentarse y aportar información importante para las investigaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 16 de agosto de 2016.- No es razonable que la ley le brinde protección a quien se arrepintió de cometer un delito o varios y que no tenga tutela quien no participó de ninguno delito y sea denunciante.

En ese sentido, la diputada Margarita Stolbizer (GEN) y el diputado Julio Raffo (Diálogo y Trabajo en interbloque FR-UNA) presentaron un proyecto que modifica el Código Procesal Penal para que denunciantes de hechos delictivos tengan derecho a ser notificados de resoluciones del juez que dan curso a la instrucción, a tomar vista de la causa y ofrecer pruebas adicionales, en un todo de acuerdo con los preceptos y recomendaciones de la Convención contra la Corrupción.

El Código Procesal Penal de la Nación prevé la facultad de denunciar de “toda persona que se considere lesionada por un delito cuya represión sea perseguible de oficio o que, sin pretender ser lesionada, tenga noticias de él…”. De acuerdo a nuestra actual normativa procesal, el denunciante es
injustificadamente excluido del derecho de saber formalmente cuál ha sido el resultado y la tramitación posterior de su denuncia, dependiendo de la buena -o mala- voluntad del tribunal o del fiscal en su caso, el que se le brinde o no esa información.

Para los autores, “más allá de las motivaciones subjetivas que pueda tener una persona para denunciar, quien lo hace debe ser considerado un colaborador espontáneo y más aún en casos en los cuales la denuncia motiva un requerimiento fiscal sobre el hecho denunciado”.

Por último, los legisladores promueven el tratamiento de un régimen de medidas de protección para asegurar la debida tutela judicial a favor de las personas que denuncien hechos de corrupción con el propósito de evitar que sean víctimas de represalias o persecuciones por haber colaborado con la Justicia.