Cómo un hecho delictivo en Villa Devoto convirtió a un hombre común en un «justiciero»

En junio de 1990 en Villa Devoto, el ingeniero Horacio Santos asesinó a dos delincuentes que le habían robado un pasacasete. Su caso generó tanto adeptos como detractores en la discusión entre «justicia por mano propia» y «exceso de legítima defensa».

El sábado 16 de junio de 1990, en horas del mediodía, el ingeniero Horacio Aníbal Santos se encontraba junto a su mujer en la galería de Villa Devoto frente a la plaza Arenales. De pronto escuchó la alarma de su cupé Fuego que se había accionado. Dos jóvenes, Osvaldo Aguirre y Carlos González, le habían robado el pasacasete, un hecho que había sufrido en otras doce oportunidades.

Subió con su esposa a su vehículo y se decidió a perseguir a los ladrones, que iban en un Chevy sedán. La persecución se produjo por las calles del apacible barrio de Villa Devoto y logró darles alcance.

Con los coches a la par, la mujer del ingeniero se asustó y gritó: «¡Nos van a matar!». Le pareció que uno de ellos buscaba algo en el vehículo. Esto no intimidó a Santos que, sin detenerse, les hiciera dos disparos con un arma que llevaba y en cuyo manejo era hábil.

Los ladrones, que no portaban arma alguna, murieron en el acto al ser alcanzados con una bala en la cabeza cada uno.

El doble homicidio generó en los medios de comunicación un debate inmediato sobre las figuras del gatillo fácil, la justicia por mano propia y la legítima defensa que nunca fue saldado y muchos comenzaron a referirse a Santos como «el justiciero». Santos estuvo detenido por un breve lapso y luego se lo liberó a la espera del juicio.

Como consecuencia del hecho se abrió un proceso penal en el cual Santos fue condenado, en el año 1995, a tres años de prisión en suspenso por homicidio con exceso en la legítima defensa.

Por su parte las familias de los fallecidos le iniciaron un juicio civil reclamando indemnización. Con la familia de González el homicida arregló entregándoles un departamento y en la demanda de la familia de Aguirre hubo, en 2001, una sentencia a pagar 101.425 pesos.

Santos apeló y obtuvo que se declara la existencia de culpa concurrente y su responsabilidad se redujera al 20% pero antes que se fijara la suma definitiva las partes llegaron a un acuerdo en diciembre de 2004.

Santos tenía al momento del hecho una pequeña empresa pero los gastos e indemnizaciones lo dejaron sin dinero, pero uniéndose a sus hijos que estaban en la misma actividad -tratamientos de superficie y corrosión- pudo sacarla adelante. Según una nota periodística publicada veinte años después, su abogado informó que desde entonces Santos no ha vuelto a tocar un arma.