La justicia exige al gobierno porteño cumplir con la Ley de Arbolado Público

Los árboles de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentales para la salud de sus habitantes y el equilibrio ecológico urbano, están en riesgo debido a la mala gestión y la falta de cuidados adecuados. Estos seres vivos, que nos proporcionan oxígeno, sombra y frescura en los calurosos veranos porteños, también cumplen con un rol indispensable en la absorción de contaminantes, el enfriamiento del aire y el bienestar general de las comunidades urbanas. Sin embargo, los recientes conflictos y fallos judiciales evidencian que la situación del arbolado público está lejos de ser ideal.

Los beneficios de los árboles urbanos

Un árbol maduro en una ciudad puede absorber hasta 150 kilogramos de gases contaminantes al año, actuando como un filtro natural de partículas finas como el polvo, la suciedad y el humo del aire, atrapándolas en sus hojas y corteza. Además, la ubicación estratégica de los árboles en las zonas urbanas puede reducir la temperatura ambiente entre 2 y 8 grados centígrados, aliviando el efecto «isla de calor» que suelen sufrir las ciudades debido a la sobreabundancia de asfalto y cemento.

Vivir cerca de áreas verdes y tener acceso a ellas no solo contribuye a la reducción del estrés y la presión arterial, sino que también mejora la salud física y mental de los habitantes. Por lo tanto, la presencia de árboles en la ciudad es clave para el bienestar de sus habitantes, ya que mejora la calidad de vida y promueve el equilibrio ambiental.

La situación crítica en Buenos Aires

A pesar de los múltiples beneficios que los árboles aportan, la situación del arbolado urbano en Buenos Aires es preocupante. A mediados del mes pasado, la Justicia porteña, a través del juez Guillermo M. Scheibler, emitió una medida que confirmó que el Gobierno de la Ciudad incumple con lo estipulado en la Ley 3263/2009, la cual establece los lineamientos para la protección y el incremento de las especies arbóreas en la ciudad.

Este fallo ratificó que el Ejecutivo porteño no ha cumplido con la transparencia y el cuidado adecuados del arbolado urbano, a pesar de la sentencia emitida en 2021 en los expedientes «Heras, Claudia c/GCBA s/ Amparo Ambiental» y «Flores, Virginia c/GCBA s/Amparo Ambiental». En dicha sentencia, se le ordenó al Gobierno de la Ciudad anticipar y justificar sus acciones en torno al arbolado, garantizando que las podas y cualquier intervención en los árboles se realicen con personal idóneo.

Sin embargo, la realidad muestra que, en muchos casos, se siguen llevando a cabo podas y extracciones sin previo aviso a los vecinos y sin los cuidados adecuados. Estas podas indiscriminadas han provocado la muerte de numerosos árboles en la ciudad, debido a cortes estructurales que mutilan a los ejemplares, dejando troncos desnudos y follajes elevados que ya no cumplen con su función de generar oxígeno ni proporcionar sombra.

Podas indiscriminadas: un problema que persiste

En Buenos Aires, el gobierno y las juntas comunales realizan aproximadamente 95.000 podas al año, con la extracción promedio de 23 árboles por día. Estos números reflejan una política de manejo del arbolado que muchas veces prioriza la eliminación de los ejemplares en lugar de su cuidado y preservación.

La situación se agrava aún más con la proliferación de podas clandestinas y la falta de sanciones a quienes las realizan. En promedio, se calculan al menos dos talas clandestinas por semana en la ciudad, lo que demuestra la falta de control y fiscalización en este aspecto.

Ante esta situación, el juez Scheibler no sólo ratificó la falta de cumplimiento de la Ley 3263 por parte del Gobierno porteño, sino que también estableció un nuevo plazo de 60 días hábiles para regularizar la situación. En caso de no hacerlo, el Gobierno de la Ciudad deberá enfrentar multas diarias que podrían llegar a los 100.000 pesos.

Entre las medidas ordenadas por la Justicia se incluye la implementación de un sistema informático de acceso público y gratuito que permita a los ciudadanos conocer todas las acciones realizadas en torno al arbolado público. Además, se exige la unificación de pautas comunes para garantizar que las podas y demás intervenciones sean llevadas a cabo por personal capacitado y evaluado, como agrónomos e ingenieros forestales.

El fallo también obliga a la actualización y publicación del censo arbóreo de la ciudad, de manera que cualquier ciudadano pueda verificar el estado de los árboles, las podas realizadas y las programadas. A pesar de la existencia de la plataforma «Arbopedia», el juez destacó que dicha página presenta inconsistencias y datos incompletos, lo que dificulta su función informativa.

Un cambio de paradigma: más árboles, menos talas

A pesar de la plantación de 18.074 nuevos árboles en 2024 en todas las comunas de Buenos Aires, los vecinos y especialistas coinciden en que esta cifra es insuficiente. Además, muchos de los árboles plantados no reciben el cuidado adecuado, lo que provoca que se sequen y mueran rápidamente. No solo se trata de plantar más árboles, sino de hacerlo correctamente y garantizar su mantenimiento a largo plazo.

Es necesario un cambio urgente en la política de arbolado urbano que priorice el respeto a la vida y al entorno. Esto incluye no solo la protección de los árboles existentes, sino también la educación en las escuelas y la concientización de la comunidad sobre la importancia de preservar el arbolado público.

Los árboles de la Ciudad de Buenos Aires, nuestros compañeros de vida y protectores ambientales, están en peligro. Es fundamental que el Gobierno porteño cumpla con las normativas vigentes y adopte una política de cuidado y preservación del arbolado que incluya la participación activa de expertos y la concientización de los ciudadanos. Cada hoja, cada flor, cada ser vivo que forma parte del ecosistema urbano importa.