Vecinos de la Comuna 11 presentaron un amparo en contra del «Distrito Del Vino»

Organizaciones vecinales de los barrios de Villa Devoto y Villa del Parque presentaron un recurso de amparo ante la Justicia porteña para que sea declarada la nulidad de la ley que dio creación al “Distrito del Vino”, impulsado por el Gobierno porteño para potenciar la actividad vitivinícola en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de facilitar la instalación de empresas del sector con exenciones impositivas, se informó.

El amparo colectivo quedó radicado en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 13, a cargo de Guillermo Scheibler, y fue motorizado por la Asamblea de “Residentes del Distrito del Vino”, conjuntamente con la organización “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”.

La ley en cuestión establece una serie de beneficios para los desarrollos «destinados exclusivamente a la realización de actividades relacionadas a la industria vitivinícola» que se instalen en Villa Devoto, un sector de Villa del Parque y una pequeña parte de La Paternal. Se trata de empresas de distribución, bodegas, vinotecas o cavas, museos y exposiciones relacionadas al vino, centros de enseñanza, formación y capacitación sobre el vino, administración de empresas vitivinícolas, y comercialización mayorista y minorista. La norma establece que esas empresas podrán computar «como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos un porcentaje del monto invertido».

“El Distrito del Vino es un eufemismo para denominar un mecanismo mediante el cual la Ciudad le devuelve entre el 50 y el 75 por ciento de su inversión a aquellos que inviertan en la instalación de explotaciones comerciales relacionadas con el vino, a través de créditos impositivos. La población porteña prácticamente le regala estos recursos a privados», advirtió Jonatan Baldiviezo, patrocinante de la causa y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC). El abogado agregó que la ley «está redactada de tal modo que no beneficiará a PyMES sino a grandes empresas que no tienen prioridad en recibir apoyo estatal en esta crisis económica».

Los amparistas señalaron que “se violaron los derechos que surgen de la Democracia Participativa Ambiental, en particular el derecho de todo habitante de la ciudad a participar en la toma de decisiones de políticas de planificación y ambientales”.

La señal de alarma más importante para vecinos y vecinas fue el intento del GCBA de usar como sede del Distrito del Vino al tradicional Palacio Ceci, histórica sede de la escuela de Sordos Bartolomé Ayrolo. De eso, además, se enteraron de forma indirecta, mediante una publicación que el Ministerio de Cultura de la Provincia de Mendoza hizo en sus redes sociales. Sin embargo, ahora denuncian que todo el proceso de la ley se llevó a cabo de forma inconsulta. «Nos enteramos por los medios de comunicación que esta ley estaba a punto de ser sancionada en la Legislatura», reclamó la Asamblea en un comunicado. 

Además, los residentes del Distrito del Vino manifestaron que no fueron informados respecto de los alcances de la ley previamente a la sanción en la Legislatura.

“Deliberadamente omitieron consultar a través de los institutos que impone nuestra democracia participativa y representativa con quienes seríamos los principales impactados por esta ley, que somos los residentes de la Comuna 11”, señalaron.

Y agregaron que “nuestros representantes locales no tuvieron lugar en esa mesa de consulta siendo que es una facultad concurrente de la Comuna”.

“Y mucho menos se realizó la audiencia pública que hubiera servido primero para anoticiar de la política que se pensaba implementar a partir de la creación del nuevo distrito y después darle el debido lugar y espacio dentro de la democracia participativa”, finalizaron.

Por su parte, la ingeniera María Eva Koutsovitis, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria precisó que «el sector alcanzado corresponde a barrios residenciales de casas bajas». «Con la sanción del Código Urbanístico en el 2018, el GCBA incrementó exorbitantemente la capacidad constructiva y liberó la zona a nuevos usos sin considerar la compatibilidad o equilibrio con la vida residencial. El Distrito del Vino es una etapa más en esta dirección, ya que es el marco a través del cual el GCBA impulsará el financiamiento para la renovación urbana e inmobiliaria habilitada por el Código», observó. 

«La transformación que están sufriendo estos barrios se realiza sin consideración de la calidad de vida y ambiental de sus habitantes, y sin que se hayan cumplido las instancias de participación obligatorias que exige la Constitución», subrayó la ingeniera. La experta advirtió que «tampoco se realizó ninguna evaluación de impacto ambiental acumulativa y estratégica frente a los grandes cambios autorizados por estas nuevas leyes urbanísticas y fiscales. Un barricidio en aras de la especulación inmobiliaria y los negocios comerciales con dinero público”.