Un preso hará “Home Office” desde la carcel de Villa Devoto para una empresa multinacional

La extendida práctica del teletrabajo como consecuencia de las medidas preventivas por la pandemia de la covid-19 marcó el contexto para una «un caso sumamente excepcional» en el Complejo Penitenciario de Devoto: el Poder Judicial habilitó a un preso a tomar un empleo con modalidad «home office» desde la cárcel de Villa Devoto y ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF), ofrecerle conexión a internet y capacitación. 

El beneficio se otorgó por pedido de la Defensa Pública Oficial y fue aceptado por la titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº5, María Jimena Monsalve, quien valoró la solicitud del detenido, que recibió una oferta para trabajar en la empresa editorial IJ International Legal Group, con sede en Buenos Aires y presente en 18 países de habla hispana. 

De acuerdo a lo ordenado por Monsalve, el SPF deberá suministrar al condenado una conexión de internet estable, habilitar un día para que reciba la capacitación necesaria y asignarle un espacio adecuado para realizar el trabajo.  

Federico D´Ottavio, representante de la Unidad de Letrados Móviles Nº2 y defensor oficial del hombre, argumentó que el ofrecimiento laboral a su asistido constituye «un caso sumamente excepcional, en el que un actor privado pretende colaborar con el proceso de reinserción social de un detenido, brindándole una herramienta fundamental como lo es un trabajo remunerado».

En la resolución, Monsalve sostuvo la contemplación de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, conocidas como Reglas Mandela que, en relación al trabajo de los detenidos, entre otras cosas, señalan que la organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican fuera del establecimiento para preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo en libertad.

En el mismo sentido, la magistrada se apoyó en lo que argumentó como el «bajo porcentaje de acceso al empleo que arroja el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal del año 2020», señalando a su vez que «el 47% de las personas privadas de libertad al momento de su ingreso a la detención no tenía ni oficio ni profesión; el 40% eran personas desocupadas; el 64% actualmente no accede a trabajo remunerado y el 89% no participó de algún programa de capacitación laboral».

La firma que contrató al condenado para que trabaje desde la cárcel es una empresa que se especializa en el desarrollo de herramientas jurídicas para abogados, Poderes Judiciales, Universidades y otras entidades públicas y privadas.