Alarma en una escuela de Villa Devoto por una denuncia de presunto abuso sexual

Una familia de Villa Devoto denunció un presunto abuso sexual contra su hija de 7 años, alumna de la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 3 D.E. 17 “María Dolores Navalles Mir de Tobar García”. El hecho habría ocurrido el miércoles 12 de agosto y la Justicia investiga si sucedió dentro del establecimiento ubicado en avenida Francisco Beiró al 4400, entre Segurola y Marcos Paz.

La denuncia generó preocupación entre las familias de la comunidad educativa y motivó una concentración de padres en las inmediaciones de la escuela, donde reclamaron respuestas y el esclarecimiento de lo ocurrido. “La familia merece justicia. No vamos a callarnos. No vamos a mirar para otro lado”, expresaron los familiares.

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La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 61, que deberá determinar las circunstancias del caso y establecer dónde habría ocurrido el hecho denunciado. Por el momento, no existen conclusiones judiciales que permitan confirmar la responsabilidad de una persona o señalar al establecimiento como escenario del presunto abuso.

La escuela, en el centro de la investigación

Ante la denuncia, el Ministerio de Educación de la Ciudad dispuso la intervención de equipos interdisciplinarios para brindar acompañamiento y contención a la niña y a su familia. También se realizaron reuniones de urgencia con directivos y docentes de la institución.

En paralelo, se dio intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se iniciaron sumarios administrativos con el objetivo de determinar si existieron responsabilidades y revisar las circunstancias vinculadas con el caso.

Una investigación que requiere prudencia

La gravedad de una denuncia de estas características exige que el proceso avance con seriedad y sin dejar aspectos sin investigar, especialmente por tratarse de una niña de 7 años. Al mismo tiempo, mientras no existan conclusiones de la Justicia, resulta fundamental preservar a la menor y a su familia y evitar señalamientos contra personas o una institución que no hayan sido establecidos judicialmente.

La comunidad educativa permanece a la espera de avances que permitan esclarecer qué y determinar, con pruebas, las responsabilidades que correspondan.