La justicia frenó las obras en un histórico chalet de Villa del Parque tras el reclamo de vecinos

Una vez más, la unión y la perseverancia de los vecinos de Villa del Parque dieron sus frutos. La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó la suspensión inmediata de cualquier obra o demolición en el histórico chalet ubicado en Campana 3406, esquina José Pedro Varela, un inmueble de gran valor patrimonial que forma parte de la identidad del barrio.

La medida fue dictada por el Juez Roberto Andrés Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, quien hizo lugar a una acción de amparo impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad junto con la agrupación vecinal Conciencia Urbana Comuna 11. Ambas organizaciones se pusieron al hombro la defensa del patrimonio arquitectónico y cultural de Villa del Parque, denunciando irregularidades en el accionar del Gobierno porteño.

La resolución judicial, emitida en el expediente EXP 94095/2025-0, ordena “mantener la clausura y suspensión de la obra (trabajos constructivos y/o de demolición)” sobre el inmueble, y “suspender la vigencia de todo permiso de demolición, de obra, aviso de obra y factibilidad de obra” relacionados con la propiedad. Además, instruye al Gobierno de la Ciudad a garantizar el cumplimiento estricto de la medida.

Un chalet con historia que simboliza la identidad barrial

El chalet en cuestión es un típico exponente del estilo pintoresquista, característico de principios del siglo XX, con techos a dos aguas, rejas ornamentales y detalles artesanales que aún conservan su integridad. Este tipo de viviendas son parte esencial de la fisonomía tradicional de Villa del Parque, un barrio que nació con espíritu residencial y que hoy se ve amenazado por el avance de las grandes constructoras.

El inmueble había sido catalogado con nivel de protección cautelar en 2014 por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), incorporándose al Catálogo de Inmuebles Protegidos mediante la Resolución N° 594-SECPLAN-2014. Sin embargo, casi una década después, el Gobierno de la Ciudad revocó esa protección a través de la Resolución N° 66/SSGU/23, habilitando así la demolición.

Esa decisión fue lo que motivó la presentación del amparo colectivo ambiental encabezado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Movimiento “La Ciudad Somos Quienes La Habitamos” y Conciencia Urbana Comuna 11, organizaciones que vienen denunciando el deterioro del patrimonio urbano y el avance indiscriminado de desarrollos inmobiliarios en la zona.

El fallo judicial: un freno a los abusos del mercado inmobiliario

El juez Gallardo consideró que la actuación del Gobierno porteño fue arbitraria y contraria a las normas vigentes de protección patrimonial. Entre los puntos más graves, el fallo resalta que la empresa propietaria del inmueble presentó un recurso administrativo siete años fuera de plazo, y aun así fue tramitado y aceptado por el Ejecutivo local, violando los plazos legales.

Además, el magistrado señaló que el Gobierno de la Ciudad incumplió su obligación de enviar el proyecto de ley de protección definitiva a la Legislatura, y que omitió incluir instancias de participación ciudadana, un principio garantizado por la Constitución porteña y por el Acuerdo de Escazú.

El abogado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, explicó:

“El fallo expone una lógica perversa: el propio Gobierno modificó el Código Urbanístico para permitir más altura en la zona y luego usó ese nuevo entorno —creado por él mismo— como pretexto para decir que el chalet perdió valor y debía demolerse. La Justicia frenó un daño irreparable para el patrimonio colectivo”.

Por su parte, la ingeniera María Eva Koutsovitis, integrante de La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, sostuvo que “el acto que permitió la demolición se originó en una nulidad flagrante, ya que el recurso fue aceptado años fuera de término”.

Un logro vecinal y una advertencia para el futuro

La medida cautelar dispuesta por el Juez Gallardo no sólo detiene la demolición, sino que reinstala el debate sobre el rol del Estado en la preservación del patrimonio cultural en los barrios. Según el fallo, la pérdida de un inmueble histórico es “definitiva e irreparable”, mientras que los perjuicios económicos que pudiera sufrir el desarrollador son “temporales y reversibles”.

El razonamiento del magistrado fue contundente: la defensa del patrimonio cultural y arquitectónico constituye un interés público superior, por lo que el Gobierno debe garantizar su protección activa.

Desde la agrupación Conciencia Urbana Comuna 11 celebraron la decisión judicial como “un triunfo del trabajo colectivo de los vecinos que no bajan los brazos frente al avance del cemento”.

Vecinos que defienden su historia

El caso del chalet de Campana 3406 es un símbolo de una lucha más amplia: la de los vecinos que se organizan para defender la identidad de Villa del Parque y la Comuna 11. En los últimos años, la presión del mercado inmobiliario transformó drásticamente el paisaje urbano, reemplazando antiguas casonas y jardines por edificios de altura.

Ante esta situación, colectivos como Conciencia Urbana se convirtieron en referentes en la defensa del patrimonio, el ambiente y la planificación urbana participativa.

Por eso ésta resolución judicial marca un antes y un después en la defensa barrial de Villa del Parque. Si bien la demolición del chalet se encuentra frenada, el proceso judicial continúa, y los vecinos exigen que se avance en una protección definitiva por ley para evitar nuevos intentos de destrucción.

Este caso se suma a otros similares en los que la Justicia intervino para proteger edificios de valor histórico en distintos barrios de Buenos Aires, frente a lo que muchos definen como una “demolición en cadena” de la memoria urbana.

Como señalan desde las organizaciones vecinales, preservar el patrimonio no es oponerse al desarrollo, sino promover un modelo de ciudad más equilibrado, donde el progreso no signifique borrar la historia.