Vecinos denuncian presunta lluvia acida en algunos barrios de la Ciudad

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires recibió una denuncia de vecinos de los barrios de Belgrano, Colegiales, Palermo, Recoleta y Retiro por presunta lluvia ácida como así también la documentación que acredita la emanación de humos negros y densos provenientes de centrales termoeléctricas.Para la Defensoría “es evidente la necesidad de aplicar serias estrategias de control para disminuir la contaminación atmosférica”. Luego de una investigación al respecto, el organismo emitió una resolución donde señala que: “El perjuicio a la salud y al ambiente que se está generando configura una conducta expresamente prohibida por las normas vigentes. Por lo tanto es fundamental, la implementación de herramientas para prevenir, controlar y/o mitigar la contaminación ambiental”.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo exhortó al Secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, que se restablezca lo estipulado por la Resolución SE nº 1283/2006, que especifica el contenido máximo de azufre en el fueloil, para mitigar el impacto que la combustión del mismo genera a la atmósfera. A su vez, pidió al Presidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), ingeniero Mario Humberto de Casas, que ejerza de forma oportuna y efectiva las facultades del ENRE ante los incumplimientos de los responsables de las centrales termoeléctricas.

Por otro lado, solicitó al Presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno porteño, Javier Corcuera Quiroga, que se establezca el mecanismo de control y fiscalización para que las centrales de generación de energía eléctrica emplazadas en la Ciudad cesen con la contaminación atmosférica y cumplan con los niveles permisibles de emisión estipulados por la normativa vigente.

Entre las recomendaciones efectuadas, la Defensoría también propuso al Departamento de Salud Ambiental que se formalice un Banco de Datos con un registro de las relaciones morbilidad/mortalidad, a los fines de cumplir con lo estipulado por ley, que exige una evaluación epidemiológica de los riesgos sobre la salud, causados por los agentes contaminantes atmosféricos.